Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
Hoy la Plaza de Toros de Cali SA tiene 2 controversias, ambas de fondo, la primera vender un terreno privado catalogado como espacio público ( un parque ) para un centro comercial, pecado imperdonable con la ciudad , realizado por las “ mejores “ familias de la ciudad “, que se caracterizaron en el siglo pasado por generosidad, ahora han obrado con avaricia, por lo que no dejaremos de apelar ante la corte constitucional, ese abuso que se hizo del derecho urbano del municipio de Cali y la 2ª, el anuncio del alcalde que torpedeará las Corridas de toros, al opinar y desconocer una tradición arraigada y un evento culturalmente fuerte, de una minoría, que debe respetarse, pero sin tomar decisiones.
Este primer semestre hemos acompañado al alcalde Ospina en sus 4 más importantes actos administrativos, todos en la filosofía del estado social de derecho e instrumentación de la C N , el ordenamiento territorial y la ley de reforma urbana ( Parque de Pance, proyectos en lotes club Sanfernando y predio Cosmocentro, mas la Universidad popular ) , pero su “opinadero” como alcalde sobre la plaza de Toros y las corridas, es ajeno a normas constitucionales y legales.
Debemos decirle al alcalde que está equivocado:
La plaza de toros de Cali es una sociedad anónima privada, tiene derechos y en la ciudad no existe norma alguna que se lo prohíba.
La única manera que el alcalde de Cali pueda negar el permiso para la Plaza de toros es a través de un acuerdo municipal, el Concejo es el competente constitucional, para otorgar los usos del suelo y negar el derecho de ofrecer el espectaculo de las corridas, sería una modificación del plan de ordenamiento territorial POT, que tiene un trámite de ley y que debe ceñirse el cabildo de Cali.
La Plaza de toros, y su sociedad, tiene al municipio de Cali como accionista, con Emcali y Emsirva en liquidación, pero son minoritarios y si se le suma la Gobernación del Valle con Infivalle que son también accionistas su porcentaje accionario es inferior al 40% y por lo tanto la mayoría de accionistas decidirá mantener el uso, que es el motivo de ese desarrollo histórico cultural que los une.
Bien hacen sus accionistas y junta directiva, donde está el alcalde y la gobernadora, con sus representantes, guardar bajo perfil, el problema no existe legalmente, el debate político y jurídico es con el Concejo, por su competencia, quien debe debe limitarse a cumplir normas constitucionales y legales, en todos los escenarios de la controversia.
Acuerdo de Bogotá es ilegal y viola derechos
El Concejo distrital de Bogotá aprobó el acuerdo de evitar el sufrimiento de los toros en las corridas, permitiendo su realización pero sin herir al astado, para ello, reduce de 8 a 3 las tardes de toros en el año, prohíbe la utilización de elementos cortopunzantes en la plaza y establece medidas como un aumento en los impuestos y que un 30 % del presupuesto de publicidad sea para campañas sobre violencia y maltrato animal. Esto va en contravía de la ley 916 de 2004 o reglamento taurino, donde la plaza de Bogotá es considerada como permanente y de primera categoría. Es claro que un uso permanente que da la ley, una norma inferior no puede reducir o limitar su uso. El acuerdo no ha sido sancionado y será demandado, luego de nuevo, batalla jurídica.
Y como si fuera poco, a la plaza de Santamaria se le garantizó contractualmente por 8 años, la realización de ocho corridas en el año: cinco entre febrero y marzo y tres más en agosto, donde hace parte del festejo, la muerte del toro, derechos que tampoco puden vulnerarse.
No se haga espectáculo de toros: Alcalde Ospina
“Yo prefiero que no hayan toros definitivamente, pues él punto no es que se maltrate menos al animal simplemente es que no se maltrate… Desde mi punto de vista es fundamental que no hayan corridas, eso es lo que debemos considerar en todo momento como seres civilizados que somos… En Cali no debemos permitir que se efectúen esta clase de espectáculos, que ya caducaron y que obedecieron a otros momentos de la humanidad”.
“Soy partidario de retirarle el respaldo en recursos a las corridas de toros en la ciudad… Esta decisión se mantiene porque es una especie de martirio, es maltrato animal que se coloca bajo la idea de una cultura satisfacción de una necesidad humana, dañando el toro por casi una hora para finalmente ser sacrificado… Su postura se debe a que las sociedades deben evolucionar y porque en una tan violenta como la nuestra, no puede haber ningún tipo de manifestación seudo cultural que signifique sangre… Vamos a buscar los mecanismos ciudadanos, culturales y comunicativos para desestimular la asistencia de los ciudadanos a la plaza de toros, por lo tanto en mi gestión de gobierno le declara la guerra a las corridas de toros, porque llegó la hora de superar este momento de ir a ver maltrato animal y cambiarlo por otras manifestaciones reales como la música, teatro y danza.”
“Creo que va a continuar aumentándose la dinámica de que las corridas se acaben y van a formar parte de la historia y aspiro a que la plaza de Cañaveralejo se convierta en un gran centro cultural y de servicios y aunque los taurinos están molestos conmigo, considero más bien que la sociedad está molesta con ellos y por lo tanto es bueno que evolucionen a prácticas culturales distintas que el criar unos animales para ser sacrificados en diciembre”.
Recordarle a la comunidad : Solo el Congreso puede prohibir por ley las corridas
El único que puede impedir la celebración en la plaza de una corrida de toros es una ley del Congreso o la pandemia covid 19, por lo tanto la esperanza de los taurinos de la ciudad de Cali, de Colombia y del exterior que asisten a la ciudad, es que aparezca la vacuna y de esta manera pueda existir temporada en Cañaveralejo.
Posdata: La asamblea de accionistas aún no se ha realizado y no ha sido convocada virtualmente, para que se conozca el balance económico y financiero de la plaza de toros de Cali y se debatan las nuevas amenazas y nuevos escenarios juridicos y politicos.