Efraim del Campo Parra
Politólogo con maestría en Política (Sheffield, UK), y ciencias políticas y relaciones internacionales (Ginebra, Suiza). He sido consultor en programas de desarrollo económico sostenible para la Organización internacional de Trabajo (Suiza) y la Cámara de Comercio Hispanoamericana de Carolina del Norte. Especialista en desarrollo sostenible y política pública.
En el preámbulo de las marchas del N21 todos vimos con satisfacción las medidas que iban a tomar los gobiernos locales y nacional para garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica. Llegue a creer –tal vez con ingenuidad- que el 21N los caleños podríamos demostrar nuestro talante democrático y madurez política. No obstante, después de las marchas –que fueron ciertamente pacificas- me quedo la sensación de que a Armitage le quedo grande la ciudad en temas de seguridad y convivencia ciudadana.
Con asombro y angustia fui testigo de cómo varios vándalos saquearon, robaron, hostigaron e invadieron unidades residenciales en el sur de la Cali. Las redes sociales parecían vaticinar el apocalipsis mismo, en donde se anunciaban cortes de servicios públicos y se veían a grupos de vecinos con machetes, pistolas y palos dispuestos a proteger y limpiar Cali de vándalos “indeseables”.
Claramente Cali fue el lunar de la jornada de protestas del 21N, y ante esta situación tienen que haber responsables políticos en la alcaldía. Las estrategias de seguridad para la jornada de marchas demostraron ser un fiasco, en donde la falta de orden reinó en el oriente de la ciudad. Aunque era necesario proteger y garantizar el derecho a la protesta con presencia de la policía, esta per se no representaba una amenaza de tal magnitud como para dejar desprotegidas varias zonas de la ciudad, especialmente en el oriente y zonas de ladera.
Aunque el alcalde anunció toque de queda y militarizó la ciudad, estas medidas no lograron contener de manera oportuna y eficiente el descontrol social que se vivó aquella noche. Lo que vivimos el 21N en la noche es una muestra de la incapacidad que ha tenido la alcaldía en los últimos tres años de darle solución a las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana que nos aquejan en la ciudad. Fue evidente –y hasta vergonzoso- la incapacidad de la policía de hacer presencia y control en áreas que desde horas de la mañana se sabían que iban a ser “hot spots” por la presencia grupos delincuenciales organizados.
No hay excusa a lo que sucedió en Cali, y el alcalde Armitage y sus secretarios deben de asumir la responsabilidad política de lo ocurrido. Es claro que Cali se ha convertido en una bomba social, en donde la segregación, indiferencia y “cultura traqueta” ponen en riesgo su viabilidad como ciudad y sociedad. Es hora de sentarnos a pensar y reflexionar cuales son las causas que motivaron los hechos vandálicos e implementar estrategias que respondan a una realidad que fue ajena a la administración actual.
El 21N demostró ser un día histórico para Colombia, y un duro golpe de realidad para Cali. Este día debería de enseñarle a los caleños que tenemos serios problemas de seguridad a los cuales la siguiente administración debe ponerle especial atención. Ya no podemos permitir que grupos delincuenciales hagan y deshagan en la ciudad, como si no hubiera imperio de la ley. Por otro lado, el número de civiles armados buscando justicia propia en Cali es una muestra alarmante de la crisis cultural y ciudadana que vivimos actualmente. La próxima administración tiene que implementar políticas de cultura de ciudadanía, que permitan erradicar la “cultura traqueta” que tanto daño y desprestigio le han causado a la ciudad.
Grima 1: Esa angustia que usted sintió en su casa, en el barrio donde nunca pasa nada, es la misma que llevan sintiendo en el campo en tantos años de guerra.
Grima 2: Que alegría ver a la gente marchando en paz. Cada vez Colombia muestra ser una democracia más madura.