Por Ramiro Varela M
Ha objetado el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el proyecto de Ley que vinculaba como trabajadoras formales del estado cerca de 55.000 madres comunitarias, por lo que ésta importante decisión social ha quedado en el limbo. La objeción se fundamenta en la inconveniencia en su integridad ya que el artículo que regula la formalización de las madres comunitarias resulta contrario a la Constitución genera un impacto fiscal de enormes proporciones. Se estima que el costo de esta formalización es superior a $700 mil millones/ años, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cuyo costo, es superior al presupuesto anual del ICBF.
Así mismo consideró el Presidente Santos que los artículos que desarrollan el subsidio a la vejez y la educación gratuita, afectan seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macro económico del principio constitucional de sostenibilidad fiscal, como principal argumento de la objeción.
El Congreso de la República generó una expectativa muy grande para las madres comunitarias que se encargan del cuidado de los niños, su alimentación y educación de estos menores entre 0 y 5 años, al aprobar el proyecto de ley, no lo entiende la comunidad afectada, en el sentido en que es un derecho social y laboral de las beneficiadas, hoy desilusionadas, ante la promesa del entonces Presidente Santos, candidato a la relección presidencial. Claro fue un compromiso de la campaña presidencial y especialmente en abril del 2014 el jefe del estado aspirante a la reelección dijo “El país estaba en deudas con ustedes, que llevan a los niños de la mano, los rodean de afecto, les brinda entornos protectores y acogedores y los tratan y educan como si fueran sus propios hijos. Asumí personalmente el compromiso de formalizar a la cerca de 70.000 madres comunitarias que hay en el país, que atienden a 1.000.000 de niños en todo el territorio nacional y ya estamos iniciando este proceso. Contarán ustedes con contrato laboral, sueldo fijo igual a un salario mínimo con todas las prestaciones de Ley como debe ser”. Ahora ante la responsabilidad fiscal, la oferta , adoptada por el legislativo, queda sin efecto.
¿Porque lo aprobó el Congreso de la República sin el consentimiento total del gobierno nacional? Es una pregunta que deben responder los Presidentes de Senado y Cámara y los Congresistas que lideraron dicha iniciativa de alto contenido social.
Indudablemente el estado, tanto la figura del Presidente de la República como líder de la rama ejecutiva y del parlamento colombiano, han quedado mal con el país, generando una expectativa que no pudieron cumplir.