Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No obstante la obligación constitucional de fijar el salario mínimo acorde con su carácter vital y móvil, algunos empresarios no se consideran obligados a respetar dicha exigencia particularmente en las zonas agrarias y respecto del trabajo de mujeres y adolescentes, en tanto que su incremento anual no corresponde a un aumento proporcional con el alza de los precios de los artículos que se adquieren en el mercado, lo que hace que los trabajadores no puedan recuperar su capacidad de compra de los productos, bienes y servicios básicos que integran la canasta familiar.
Los defensores de la política de congelación de los salarios presentan dicha propuesta como una medida necesaria para evitar el alza de los precios y la inflación, lo cual poco o nada tiene que ver con la realidad, ya que el incremento de los salarios solo afecta a los empleadores que ven disminuidas sus ganancias por el aumento relativo de los costos laborales.
Por otra parte el Estado capitalista no está en condiciones de contener el impulso de las fuerzas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de los bienes en función de la ley de la oferta y la demanda, al tiempo que el Estado no puede impedir que los monopolios impongan los precios de ciertos productos y servicios en medio de la competencia
Por otra parte el Estado capitalista no está en condiciones de contener el impulso de las fuerzas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de los bienes en función de la ley de la oferta y la demanda, al tiempo que el Estado no puede impedir que los monopolios impongan los precios de ciertos productos y servicios en medio de la competencia y con el auspicio de los representantes de dichos monopolios en los órganos del poder público, en donde tienen asiento los partidos y movimientos políticos que integran en este caso el panorama político del país, cuyo papel es consolidar los vínculos entre los gobernantes y el gran capital nacional y extranjero.
La clase empresarial representada por Fedesarrollo aboga por que el salario mínimo tenga un carácter diferencial según sea el desarrollo de las regiones, lo que implicaría que dicha remuneración no sea igual para todos los trabajadores, circunstancia esta que aparentemente favorecería el proceso de formalización del trabajo, en un país en donde la informalidad asciende a más del 48% del total de la población laboral.
El argumento que se esgrime en este caso es el de que los costos de la formalización son muy altos mientras que la productividad de la economía es muy baja en su conjunto, lo que por supuesto no es imputable a los trabajadores sino a la inexistencia de una política que genere una base productiva y tecnológica ligada estrechamente con el proceso de industrialización y modernización de la economía nacional encaminada a satisfacer la demanda del mercado interno y externo, que le permitan al país impulsar el desarrollo económico y social de manera independiente y autónoma, frente a la política neocolonial de los países desarrollados que buscan afianzar su dominación económica, política y militar en todas aquellas regiones estratégicas del mundo capitalista globalizado.
En la actualidad los monopolios existentes en Colombia no solo explotan el trabajo de miles de asalariados e independientes, sino que tienen grandes inversiones de capital en la industria, el comercio, las telecomunicaciones, los servicios públicos y en el sector agroindustrial
En la actualidad los monopolios existentes en Colombia no solo explotan el trabajo de miles de asalariados e independientes, sino que tienen grandes inversiones de capital en la industria, el comercio, las telecomunicaciones, los servicios públicos y en el sector agroindustrial de donde se surten de materias primas y de diversos tipos de productos exportables como el café, algodón, carbón, petróleo, azúcar, minerales, de todo lo cual logran apropiarse con la anuencia de los gobiernos que como el del presidente Duque les mantendrá sus ventajas y privilegios en materia de reducción de los impuestos, seguridad jurídica, existencia de un régimen laboral y salarial que les permita aumentar la jornada de trabajo y/o intensificar la actividad laboral, so pretexto de aumentar su productividad y generar así mayores ganancias con el mínimo de costo laboral.
Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de incremento del salario mínimo entre los empresarios y las centrales de trabajadores, está claro que las diferencias existentes no permiten hasta el momento lograr un acercamiento en esta materia. Mientras en el Congreso de la república se debatió una iniciativa relacionada con el pago de una prima adicional para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales, propuesta esta con la cual no están de acuerdo los gremios, la ministra del Trabajo no presenta la propuesta anunciada recientemente por el gobierno atinente al incremento del salario mínimo, lo que lleva a pensar que finalmente será éste quien tenga que decretar dicho incremento para el 2019, independientemente de lo que se apruebe en el Congreso en relación con la mencionada prima adicional.
La posibilidad de que los salarios se aproximen al valor real de la fuerza de trabajo tan solo se consigue con la lucha económica de los trabajadores que no podrán librarse de la explotación sino mediante una amplia lucha política que les permita abrir nuevos caminos de cambio y liberación económica, política y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social