María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Un ataque injusto y fraguado cobardemente golpeó uno de los eslabones más fuertes del engranaje del Gobierno del presidente Iván Duque, el sector defensa. Un error de comunicación, no premeditado, fue usado para crear un manto de duda sobre el trabajo que realizan cada día nuestras Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad y soberanía de nuestro país.
Hagamos memoria. El Gobierno Duque recibió una herencia fatal en materia de narcotráfico y cultivos de coca con 209.000 has. Sembradas y algo más de mil toneladas de cocaína; minería ilegal; 200 mil hectáreas al año de bosques deforestados, y criminalidad creciente con ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Caparros, Puntilleros y otras bandas, todos generadores de inseguridad y violencia. Para contrarrestarlos fue arreciada la ofensiva militar y táctica en contra de quienes persisten en crear zozobra y delinquir a sus anchas en el territorio colombiano, en especial de los criminales de mayor peligrosidad declarados objetivo de alto valor militar.
Ese fue el caso del disidente alias ´Gildardo Cucho’, responsable no solo de reorganizar y rearmar a los frentes 7, 40 y 62 de las extintas Farc, sino de fraguar emboscadas en contra de la Fuerza Pública, así como atentados y secuestros en contra de la ciudadanía.
Tras varios meses de seguimiento, interceptación de comunicaciones y uso de agentes infiltrados fue ubicado el escondite de este criminal en zona rural de San Vicente del Caguán, (Caquetá) hasta donde llegó un equipo especial de la Fuerza Aérea Colombiana a desplegar un bombardeo focalizado que dejó 15 personas muertas. Lo que no sabía el país, ni las fuerzas militares al momento del operativo, era que entre los neutralizados había ocho menores de edad.
Si bien hubo error del Ministerio de Defensa al no comunicar toda la información a la opinión pública y hacerlo de manera oportuna una vez se supo que había menores de edad, debo reafirmar que el Gobierno procedió bien al ejecutar una acción legítima en contra de un criminal como alias ´Gildardo Cucho´, quien tenía en su guarida menores reclutados y presuntamente al servicio de la violencia.
Rechazo los ataques a los que fue sometido el ministro Botero y sus coequiperos, las Fuerzas Militares y de Policía, quienes hoy están siendo tildadas como “criminales”, por aquellos que sí lo fueron y por otros que permitieron la impunidad, incluso frente al reclutamiento de menores de las FARC, con el acuerdo firmado por el anterior gobierno.
Nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de la ley, y no actuarían en contra de la integridad de ningún colombiano que no represente una amenaza para el país. “Tumbar” al ministro Botero, por una operación que cumplió con las labores previas de inteligencia y que estuvo apegada a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) desde el primer momento, es más un acto político para afectar al gobierno, que no se ha dejado ni manosear ni chantajear por algunos congresistas. Definitivamente la unión de los partidos de oposición, con unos congresistas ávidos de poder y contratos de otras bancadas, llevan dos meses buscando tumbar a un ministro del Gobierno Duque. Ya lo intentaron con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y ahora, con triste desenlace, con el ministro de Defensa.
Guillermo Botero es un ministro honorable, patriótico y ejecutivo como lo muestran los buenos resultados de estos 15 meses de gestión, que respetó y admiró a sus soldados y policías hasta el último día.
El enemigo no era Guillermo Botero, era y sigue siendo el narcotráfico, la ilegalidad y la criminalidad. Lamento la decisión del Ministro de renunciar, pero con gallardía da un paso al costado para no afectar en este momento difícil al Gobierno. Esos son los avatares de la política.