*PABLO A. BORRERO V. / LUZ BETTY J. DE BORRERO
Las invasiones de varios terrenos urbanos y rurales pertenecientes al municipio de Cali y de buena parte de sus corregimientos, constituye un fenómeno recurrente de vieja data que puede constatarse revisando la historia del crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad.
El hecho real es que varios de los barrios existentes que hoy conforman el casco viejo y tradicional de la ciudad fueron producto de las invasiones por parte de los caleños y de personas venidas de otras latitudes en procura de conseguir un lote de terreno para construir una vivienda para su familia.
Dichas invasiones tenían para la época plena justificación social, ya que se trataba de terrenos que hacían parte de la reserva ejidal del Municipio, las que fueron ocupadas ilegalmente por un grupo de terratenientes para su beneficio económico y personal.
Es preciso recordar que de acuerdo con la ley ejidal los poseedores de grandes extensiones de terreno aledaños al centro urbano de la ciudad en aquella época, debían ceder en favor de la municipalidad la tercera parte para ejidos con el fin de entregárselos en arrendamiento y posteriormente en propiedad a las personas más pobres y carentes de vivienda para sus familias.
No obstante lo anterior y ante la negligencia de las autoridades municipales, varios de los terrenos que hoy conforman una parte de la ciudad como el Amparo, el Rodeo y aquellos situados en las laderas de las montañas, llevaron a los caleños a enfrentarse con los terratenientes de la época logrando con el paso del tiempo consolidar su derecho a ocupar dichos terrenos, situación ésta que finalmente fue legalizada después de largos litigios en los juzgados civiles y en el tribunal Superior de Cali.
Una situación similar se vivió con los terrenos baldíos cedidos por la nación al municipio de Cali con el fin de proteger la reserva forestal y las fuentes hídricas que surten a los ríos que a su vez nutren los acueductos de la ciudad y que en mala hora han sido parcelados y urbanizados conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Económico y Social de cada uno de los alcaldes de turno que en los últimos años ha elegido la ciudad de Cali, aprobados además por el Concejo Municipal, legalizándose con ello la ocupación de hecho realizada por los viejos y los nuevos invasores de tierras de la ciudad.
Desde la secretaría encargada de velar por la conservación de la reserva ejidal y baldía se afirma que en la actualidad resulta prácticamente imposible recuperar aquellos bienes del municipio que le fueran arrebatados por grandes terratenientes y urbanizadores, al tiempo que dicha dependencia municipal se declara incompetente para aplicar la ley y las sentencias de los altos tribunales de justicia en materia de recuperación del patrimonio municipal.
Mientras tanto la mencionada secretaría arremete contra los migrantes venezolanos que en este momento invaden parques, zonas verdes y las márgenes de los ríos tutelares.
Simultáneamente se otorgan en tiempo récord licencias para construir grandes complejos residenciales y turísticos, centros comerciales, etc., en tierras que tradicionalmente hacen parte de la reserva ejidal o baldía de propiedad del municipio de Cali. Así mismo, se dejan las manos libres a los invasores profesionales y a los negociantes de terrenos que aprovechándose de las necesidades de la gente, las inducen a invadir el espacio público, generándose graves problemas de orden social que regularmente son tratados a partir del uso de la fuerza policial como una alternativa de solución a dicha situación que se repite una y otra vez ante la ausencia de verdaderas políticas de Vivienda encaminadas a lograr que se cumpla con la función social y ecológica de la propiedad y de la obligación por parte del Estado de adjudicar en favor de los destechados viviendas dignas para las personas que viven en la parte urbana de la ciudad y en los corregimientos que hacen parte del Municipio de Cali.
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