Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunos sectores de opinión, una vez controlada la pandemia todo volverá a normalizarse y la gente podrá abrazarse, besarse y saludarse de mano como lo hacían en el inmediato pasado. Para otros, el mundo no será el mismo de antes y muchas cosas tendrán que cambiar a nivel individual y social. Hay quienes consideran que los cambios estarán conectados con las nuevas tecnologías que influirán en la manera de ser, pensar y actuar de los seres humanos, particularmente en el trabajo, en un mundo en donde se desarrolla vertiginosamente la revolución digital y el internet de las cosas, que nos permite comunicarnos en tiempo real y realizar operaciones comerciales, bancarias, laborales, etc., e incluso aprender nuevos oficios y profesiones.
Y aunque toda esta realidad nos parece sacada de un cuento de ficción, ya comenzó a manifestarse afectando nuestras vidas. En este caso habrá que preguntarse si con estos cambios será posible que mejoren las condiciones de nuestra existencia social e individual, o si por el contrario empeorarán o simplemente cambiaran de forma en que hoy las percibimos en medio de la crisis del capitalismo globalizado que por lo demás ha entrado en una etapa de declive y de parasitismo de sus clases dirigentes, que tendrán que ser reemplazadas al frente del poder del Estado para poder realizar los cambios que requiere la sociedad a partir de una compleja realidad en la cual no siempre y en todas las circunstancias los partidarios del cambio pueden avanzar en sus objetivos y fines o impedir que se produzcan ciertos hechos que no se esperaban, lo que por supuesto no significa que no puedan superarse las dificultades y lograrse los cambios y transformaciones que demanda la cambiante sociedad.
Nuestro país Colombia, no es ajeno a los cambios que se advierten desde diferentes posiciones ideológicas y políticas, a pesar de que la situación económica y sanitaria que se vive en la actualidad, se ha complicado cada vez más no obstante las medidas adoptadas por los gobiernos central y territoriales, particularmente en las grandes capitales de los principales departamentos en donde se expande el COVID-19 sin que hasta ahora se consiga aplanar la curva de contagio por causa de la expansión de la pandemia.
En tales circunstancias la crisis económica que tiende a profundizarse traerá como consecuencia la quiebra de innumerables empresas y la pérdida de un número significativo de empleos que a la fecha se calculan en mas de 700 mil puestos de trabajo perdidos que difícilmente se podrán recuperar a pesar de las ayudas que desde el Estado se entregan a las personas y a las empresas, comerciantes, informales, independientes, que por lo demás no dejan de ser más que paliativos para suplir las necesidades básicas e inmediatas en favor de sus beneficiarios.
A lo anterior se suma la limitada capacidad de un Estado con un abultado déficit fiscal y un creciente endeudamiento que compromete su propio funcionamiento institucional y las posibilidades de atender sus obligaciones en materia de gasto social y de la inversión pública, generándose con ello un crecimiento negativo que aumentará el estado de pobreza y desigualdad social que vive el país.
Para algunos economistas y dirigentes políticos las decisiones del gobierno del presidente Duque de levantar gradualmente el aislamiento colectivo obligatorio permitirá reactivar parcialmente la economía, lo que desde luego no será suficiente para erradicar los efectos de la crisis económica que perdurará en el tiempo con las consecuencias ya conocidas y previstas con base en el conocimiento y la experiencia que se tiene sobre este aspecto, en tanto que el Coronavirus COVID-19 “llegó para quedarse”, haciendo más difícil la recuperación de la vida social en todas sus formas y manifestaciones vitales.
En tales condiciones y circunstancias ha quedado demostrado que los seres humanos y en especial los colombianos de nuestro tiempo también podrán como los de otras latitudes romper los límites que bordean las viejas relaciones económicas, políticas y sociales de una sociedad asediada por la crisis para ser sustituidas por otras a partir de la construcción de una sociedad mas justa y equitativa interesada en impulsar el progreso material y espiritual en interés de toda la población.
Para ello deberá deshacerse del modelo de desarrollo neoliberal que ha traído como consecuencia la acumulación de la riqueza social en pocas manos privadas, mientras se debilitaba el Estado y se pauperizaba el trabajo y la vida de millones de colombianos, en tanto se trasladaba todo el peso del tratamiento y contención de la pandemia al Estado, cuyo sistema de salud se debilitó con la privatización de este servicio básico para la comunidad.
Se trata en definitiva de optar por el fortalecimiento del sector público a partir de que el Estado participe accionaria y mayoritariamente en aquellas empresas estratégicas, relacionadas con la producción, intercambio y distribución de los productos, bienes y servicios esenciales con destino al consumo interno y al mercado de exportación. Con ello no se trata de estatizar el conjunto de la vida económica y social del país, sino de intervenir la actividad económica con el propósito de definir un orden y evitar en lo posible la anarquía de la producción y la lucha competitiva desatada por los grandes monopolios que integran el capital financiero, que abusa de su posición dominante en el mercado en contra de pequeños y medianos capitalistas y del pueblo trabajador colombiano con la imposición de precios de las mercancías y la especulación financiera que realizan los bancos privados con los ahorros de sus clientes y los dineros públicos.
Dicho modelo deberá garantizar de un lado, la participación de los ciudadanos en los asuntos que los afectan directa o indirectamente en sus intereses comunes y en lo relacionado con el derecho a ejercer el control y la vigilancia de los actos de los funcionarios que vulneran sus derechos y libertades e imponen un régimen autoritario y clientelista para favorecer los intereses de sectores particulares de carácter económico, político o electoral impulsando la corrupción derivada del actual Estado contratista a través de las denominadas alianzas público-privadas.
En este sentido la voz autorizada del exministro del Medio Ambiente Manuel Rodriguez Becerra, manifestó recientemente en columna en el periódico El Tiempo del 4 de mayo 2020 que “el gobierno está respaldando con enormes recursos al sector financiero, a los sectores claves de la producción y de los servicios, una acción que se incrementará en la medida en que se profundice la crisis y que podría terminar en muchos casos, en una participación accionaria del Estado”.
Otra opción que podría abrirse paso es la de transitar por una “vía no capitalista de desarrollo”, fundamentada en la sustitución sistemática de las viejas y desuetas relaciones económicas basadas en la propiedad privada sobre los medios de la producción, por un nuevo tipo de relaciones económicas en las que predominen la propiedad social y se fortalezca la propiedad personal derivada del trabajo acordes con los intereses y necesidades del pueblo y no de un sector privilegiado, tal como sucede en la actualidad. Así mismo esta nueva estructura tendrá como uno de sus pilares la incorporación de los ciudadanos en la actividad económica, política, social, cultural, ambiental, tendiente a resolver los problemas y conflictos que conlleva la construcción de una nueva sociedad y de aquellas contradicciones que afronta la humanidad en materia de cambio climático, la irrupción de nuevas pandemias, las migraciones, los populismos de derecha y de izquierda, etc. En tanto que su avance y desarrollo deben ser convenidos por las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio social y comprometidas con acabar de una vez con la explotación económica del trabajo, la discriminación social y la exclusión política de los ciudadanos de la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad, todo ello enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la construcción de la paz, el progreso y el bienestar general para todos.
Las contradicciones sociales y la polarización política existentes en el país no podrán convertirse en un obstáculo para que las fuerzas políticas y sociales de estirpe democrático y progresista se apropien de la idea del cambio social y la materialicen en acciones concretas encaminadas a construir una sociedad mas justa, igualitaria y equitativa con la cual sueñan los colombianos de nuestro tiempo.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social