María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Horror y barbarie fue lo que vivió Bogotá por cuenta del vandalismo. El craso error cometido por dos patrulleros de la Policía Nacional, que terminó en la muerte de un ciudadano, fue la chispa que detonó la furia de cientos de personas que salieron a las calles a manifestar su rechazo frente a esta grave y reprochable conducta. Pero al mismo tiempo que hubo legítima insatisfacción de muchos por el repudiable hecho, otros lo aprovecharon para obtener réditos políticos y para ambientar la sensación de caos y desgobierno.
Fueron horas difíciles para la Fuerza Pública, en especial para los Centros de Atención Inmediata que fueron cobardemente violentados, vandalizados e incinerados. La turba olvidó que en los CAI había personas y animales en estado de indefensión, todos atacados vil y cobardemente con piedras, palos, gasolina y hasta bombas incendiarias. Estos hechos lamentables dejaron un saldo de 315 uniformados lesionados, un perro y un gato incinerados y otros 30 animales heridos, varios de gravedad.
Pero el vandalismo fue en escalada. Según el Ministerio de Defensa, los brotes de violencia dejaron como resultado 79 CAI vandalizados, de los cuales 40 fueron incinerados y 39 más quedaron destruidos; y 5 estaciones y un comando con afectaciones en su infraestructura. A la par y no menos grave, la jornada también desencadenó en la muerte de 11 personas y 258 heridos, de ellos varios menores de edad.
Entiendo y respeto la indignación por la gravedad de lo ocurrido. Comparto el rechazo frente a las actuaciones de los dos patrulleros, que se apartaron del respeto por la Constitución y la ley, y deshonraron a la Institución. Pero no es aceptable que una minoría, unos delincuentes, atizados por quienes aprovechan estas situaciones para sacar provecho y protagonismo político, ataquen de esa forma a nuestra Policía Nacional. Institución compuesta por 160.000 hombres y mujeres, que, en su inmensa mayoría, sirven con respeto, humildad y responsabilidad a nuestra Patria.
En nuestro Estado de Derecho es legítimo y permitido protestar; lo que está mal y es condenable es que algunos conviertan la protesta en la chispa para desatar el pánico, afectar el orden público y atacar la integridad física de los ciudadanos. No podemos permitir más desafueros, hay que poner autoridad sobre el caos y los violentos. Bien aplica para esta situación los dicho por Margaret Thatcher: “No puedes construir una gran Nación esparciendo odio”.
Hablemos con claridad. Algunos, afortunadamente muy pocos, integrantes de la Policía Nacional son responsables de conductas graves y reprochables, y es deber del Estado, no de la ciudadanía, que reciban las sanciones que dicta la Ley. Aplaudo que no se toleren conductas equivocadas, pero rechazo que el país pierda el orden y la tranquilidad por anarquistas politizados, por ‘líderes’ nefastos, que sabotean la normalidad y el orden público, y peor aún, que afectan el mobiliario y la infraestructura construida para garantizar seguridad a los ciudadanos, como los CAI.
Es triste e indignante ver cómo algunos políticos acostumbrados a criticar y destruir, reivindican el vandalismo, aplauden el caos, y llaman “resistencia” a incendiar las calles. No sólo violentan los derechos de otros ciudadanos a la tranquilidad y seguridad, sino que evaden el deber de respetar a la autoridad y canalizar sus insatisfacciones por vías institucionales. Como reza en nuestro escudo: libertad y orden, tan valiosa la libertad como el orden para la convivencia ciudadana, y a ambos los protege y defiende nuestra policía.
Valoro y respeto a tantos miles de miles de policías honestos, amables, serviciales y entregados al servicio de esa querida institución y de la Patria. Entiendo la necesidad de contar con más uniformados para combatir la delincuencia y asegurar la convivencia, pero urge ser más cuidadosos en el proceso de incorporación y no relajar los tiempos ni contenidos de la formación. No puede permitirse afectar la confianza ciudadana en su Policía. A diferencia de muchos delincuentes, incluidos unos que están en el Congreso, que no han pagado, y seguro no pagarán por sus fechorías, no dudo que en este caso de los dos policías como en otros que involucran a miembros de la Fuerza Pública con hechos delictivos, no habrá impunidad.