Carlos Armando Cuervo Jiménez
Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial
Sigo con la mayor expectación el curso de los hechos que ocurren desde la elección presidencial de junio pasado en Colombia.
Gustavo Petro con una precisión de relojero ha reunido un grupo de valiosos conciudadanos para asumir algunos ministerios cuyas tareas serán difíciles, aunque aun se desconocen los nombres de quienes ocuparán, justicia, Del Interior, Minas, deportes entre otros, carteras que también tendrán tareas complicadas de realizar.
Defensa, Hacienda, Agricultura y Relaciones Exteriores perfilan las misiones prioritarias de la nueva administración.
Pero como todo no puede salir color de rosa, se han escenificado hechos que enturbian la llegada al poder del nuevo presidente.
Un plan pistola en contra de los patrulleros de la policía, ejecutado por los narcos del clan del golfo, ha causado al menos 25 bajas entre las filas oficiales.
La feria de contratos y licitaciones a la carrera, comprometiendo cuantiosos recursos que dejan maniatada a la administración entrante, vislumbran conflictos, demandas e investigaciones desgastantes.
Y como cereza, una promesa de campaña realizada por nuevos congresistas de izquierda de regular los salarios y prebendas de senadores y representantes se enturbia por la complejidad legal de ejecutar los cambios.
En torno a ello se ha establecido un acalorado debate sobre la posibilidad legal de auto-legislar una disminución de salarios por ser efectuada por los propios afectados.
La constitución instituye la forma de calcular los salarios y posteriores incrementos de todos los servidores públicos, estableciendo unos criterios determinados a partir de los promedios de los aumentos de los funcionarios de la administración central, tarea que ejecuta la contraloría.
Además la constitución declara como parte del derecho fundamental la asignación salarial por lo cual obliga a realizar reformas de esta índole bajo la definición de estatutarias, con sus estrictas reglas.
Otros conceptos definen que esta reforma es un acto legislativo que requiere de 8 debates entre comisiones y plenarias de las dos cámaras, motivo que determinaría un tiempo de al menos dos años para debatirlo.
Como se puede intuir esta promesa de campaña tendrá su camino lleno de espinas por lo dificultoso que será abordar una disminución de emolumentos para los propios legisladores.
Si es lamentable que siendo una promesa de aspirantes al congreso por la izquierda no se hubiese aclarado legalmente, evitando la actual decepción de muchos electores quienes ahora reclaman airados.
Finalmente Petro todavía no es el presidente, Duque es el encargado hasta el 7 de agosto próximo, así nos parezca injusto o inadecuado, por tanto exigirle a este hombre (Petro) decisiones y acciones es totalmente ilógico.
Esperemos de aquí a noviembre cuando su gobierno cumpla cien días y ahí si evaluemos, para criticar sus errores o aplaudir sus aciertos.