Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la aprobación por mayoría de los miembros del Concejo Distrital se logró la ampliación del objeto social de la empresa de Renovación Urbana EMRU que en adelante se denominará Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana EDRU, encargada de desarrollar toda clase de obras civiles en materia de construcción, de elaborar estudios y diseños socio económicos, jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y además participar en las licitaciones públicas a nivel local, nacional e internacional y desempeñar funciones como agente inmobiliario entre otras actividades.
En el fondo se trata de tener una organización a través de la cual se pueda direccionar la contratación oficial en alianza con el sector privado, sin que para tal efecto sea necesario acudir a las licitaciones públicas como viene sucediendo con los denominados convenios administrativos y en este caso con empresas particulares.
Por otra parte, con la aprobación de este acuerdo se le otorga al alcalde un inmenso poder administrativo que estará por fuera del control de la corporación edilicia por tratarse de una entidad descentralizada que se rige por las normas del derecho privado, particularmente en materia de la contratación privada.
Aunque el gobierno nacional está empeñado en luchar contra la corrupción, lo cierto es que lo sucedido con la EMRU deja mucho que desear en materia de transparencia con la denominada “contratación a dedo” intensificada a través de los convenios administrativos, además de la incertidumbre que causa el hecho de no poder ejercerse un control efectivo por parte de los ciudadanos con el despilfarro de los dineros públicos y los sobrecostos de las obras, tal como viene sucediendo en la ciudad de Cali.
La preocupación de los caleños constituye un asunto de creciente interés en la medida en que el alcalde Jorge Iván Ospina presentó al Concejo Distrital un proyecto de acuerdo encaminado a modificar la estructura administrativa -territorial de Cali, dividiendo su territorio en siete localidades, seis de las cuales comprenden la zona urbana y una más, la zona rural que constituye el 70% de la totalidad del territorio del Distrito de Cali que por lo demás estará sujeta a condiciones especiales con sus 15 corregimientos con más de 69.000 habitantes y que será subdividida en territorios administrativos rurales con un alcalde para los 15 corregimientos que difícilmente podrán atender las necesidades de ese extenso territorio rural y menos para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos para realizar algún trámite oficial.
Se cree que la aprobación de este proyecto de acuerdo que tiene plazo hasta el mes de octubre se hará en tiempo récord con miras a que los ciudadanos elijan a sus ediles en las elecciones regionales del 2023 y estos a su vez elaboren las ternas que enviarán al alcalde mayor para que escoja a los alcaldes locales, los cuales empezarán a ejercer sus funciones a principios del 2024, para lo cual los ciudadanos deben en medio de la campaña electoral hacer énfasis de que los alcaldes locales y las juntas administradoras representen y defiendan el INTERES GENERAL por encima del interés particular y de la obligación de los mandatarios de facilitar la participación de los ciudadanos en aquellos asuntos de interés social en materia económica, política, cultural, ambiental, etc., como se establece en la Constitución y pensando en que la nueva administración no se coloque por encima o en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y no de las simples mayorías-minorías electorales.
El enorme poder del alcalde mayor se refleja en la posibilidad real de escoger los alcaldes locales, lo cual influirá en los desarrollos futuros de carácter electoral local y nacional en 2024 y en 2026. Así mismo no es improbable que los ediles establezcan con base en autorizaciones del Concejo Distrital, nuevos tributos para atender las necesidades de las localidades en materia de inversión y del gasto social.
La descentralización de la función pública en cabeza de las localidades no dejará de ser más que una simple formalidad tal como sucedió con los CALI que muy poco contribuyeron a descongestionar la actividad administrativa relacionada con las demandas de los ciudadanos.
Por último, los ciudadanos deben se conscientes de que los costos administrativos superarán los ingresos que se reciban del Distrito y de la Nación, afectándose con ello el cumplimiento de los deberes de los alcaldes y ediles, en lo que podría calificarse como un fracaso anunciado para lograr que la ciudad progrese conjuntamente con todos sus habitantes, particularmente en la zona rural abandonada desde siempre por todas las administraciones anteriores.
En todo esto, el papel que jugará la EDRU no será el de superar las barreras entre las localidades urbanas y la rural para unificar el territorio de manera integral y para beneficio de toda la comunidad, el cual se mantendrá dividido con la construcción de obras urbanísticas que afectarán los bosques, las fuentes hídricas, generándose graves problemas para el resto de la ciudad Cali Distrito Especial.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social