Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la posible aprobación de un proyecto de reforma del Código Penal y Penitenciario por parte del Congreso de la República, el gobierno del presidente Santos aspira a que en Colombia haya “menos cárcel y más justicia” para los procesados y condenados por delitos menores como los de inasistencia alimentaria, calumnia e injuria, emisión y transferencia ilegal de cheques, daño en bien ajeno, falsa denuncia, etc., además de la suspensión de la ejecución de la pena, por ejemplo, para las mujeres condenadas por delitos de narcotráfico asociados con determinadas condiciones y circunstancias económicas y sociales y cuyas penas podrían hacerse efectivas con la prestación de servicios de utilidad pública y comunitaria incluyendo a las anteriores conductas delictivas arriba señaladas.
disminuir parcialmente el hacinamiento de la población carcelaria
Dicha reforma aunque tiene en principio un carácter positivo y progresista, su objetivo principal en el mejor de los casos es el de disminuir parcialmente el hacinamiento de la población carcelaria, que según cifras oficiales asciende a 48.74% de un total de 117.177 reclusos, sometidos a las peores y más deplorables condiciones humanitarias denunciadas por varias organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
No obstante la descriminalización de las citadas conductas punibles, no parece que la misma contribuya a resocializar a sus autores que finalmente se incorporaran a la sociedad en donde no encuentran oportunidades de trabajo ni condiciones de vida dignas, circunstancia ésta que los predispone a repetir el círculo vicioso del delito y la posibilidad de regresar a la cárcel.
El carácter pragmático de la política criminal que contiene la citada reforma contrasta con el anuncio del presidente Santos de objetar por razones fiscales y presupuestales varias de las leyes aprobadas recientemente por el Congreso que tienen un profundo contenido social, pues con su aplicación ayudan a resolver algunos de los problemas que afrontan ciertos sectores sociales. En este caso no solo se trata por ejemplo de garantizar la salud de los recién nacidos aplicando el método del tamizaje encaminado a detectar oportunamente la existencia de ciertas enfermedades, sino también a evitar su posible evolución con graves riesgos para los menores además de los costos que representa su tratamiento posterior.
Así mismo serán materia de la objeción presidencial otras leyes como las de reducción del aporte del 12 al 4 % para salud en favor de los pensionados; la disminución de 1.300 a 1.150 semanas de cotización en procura de que las mujeres se puedan pensionar, dadas las dificultades para conseguir un trabajo estable que les permita cumplir con los requisitos exigidos por la ley en materia pensional.
El argumento relativo a la sostenibilidad y equilibrio fiscal entre los ingresos y gastos del Estado, esgrimido por el gobierno Santos, resulta infundado
El argumento relativo a la sostenibilidad y equilibrio fiscal entre los ingresos y gastos del Estado, esgrimido por el gobierno Santos, resulta infundado y contrario a la letra y al espíritu de la Constitución que garantizar y prioriza la efectividad de los derechos económicos y sociales por encima de los presupuestos de gastos, que se destinan por cuenta de los entes estatales a realizar campañas propagandísticas, incrementar la burocracia y a celebrar contratos multimillonarios que terminan costando varias veces su valor inicial, cuando no es que se dilapidan los recursos y se pierden en manos de la corrupción que permea todas las instancias del Estado.
Los contrastes que ofrece la política gubernamental dejan en claro que el actual gobierno Santos no representa ni defienda por igual los intereses y necesidades de todos los colombianos, a quienes se les trata con medidas diferentes, al tiempo que se aplican soluciones parciales a los graves problemas que afronta el país o se restringen injustamente los derechos fundamentales de los ciudadanos con argumentos sofísticos y formales revestidos de una aparente legalidad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social