Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La utilización de los recursos del presupuesto municipal para la contratación de toda clase de obras de infraestructura y la prestación de determinados servicios, constituye la base del denominado “Estado contratista” al cual recurren los gobernantes de todos los niveles de la administración pública para adelantar lo que se conoce como la contratación oficial.
De esto no es ajena la administración municipal que preside el alcalde Ospina, quien en esta ocasión dictó un decreto de “urgencia manifiesta”, el cual a nuestro juicio es violatorio de la ley 80 de contratación y de otras disposiciones reglamentarias en relación con la utilización de esta figura jurídica excepcional, y en la medida en que faculta a varias de las secretarías de su despacho para contratar en general y de manera indefinida una serie de obras y de servicios, cuyo objetivo no fue definido previamente en el decreto aludido, acorde con las necesidades de la comunidad en materia de salud, que es la razón de la medida.
Con dicho acto administrativo se abre la puerta a la contratación directa sin mayores controles y sin que en la parte motiva del decreto se establezcan las razones y motivos generales y específicos para optar por dicha medida excepcional.
Mientras tanto crecen las necesidades que afronta la comunidad como consecuencia de la pandemia, que por lo demás se expande por todo el territorio municipal aumentándose los contagios y los fallecimientos de decenas de caleños y vallecaucanos que sucumben ante el avance de la enfermedad y a la espera de que la población sea vacunada a la mayor brevedad posible, lo cual no sucederá sino a partir del mes de febrero según ofrecimiento del presidente Duque.
Por otra parte, con la nueva contratación se crea la posibilidad de beneficiar a la clientela política electoral del alcalde y concejales y del conjunto de funcionarios que aspiraran a ocupar en el futuro cargos en los órganos de representación popular, como quedó demostrado desde el punto de vista del conocimiento y la experiencia práctica e histórica.
Entre tanto lo más probable es que con dicha contratación no se resuelvan los graves problemas que afrontan la ciudad y sus habitantes no solo en materia de salud sino de seguridad, empleo, transporte, etc., al tiempo que es necesario evaluar el destino de los recursos girados el año pasado para adquirir ventiladores, camas UCI, medicamentos, espacios para albergar a los enfermos, etc.
En esta ocasión no se trata de desconocer ni demeritar la labor de la secretaría de salud ni de otras dependencias de la administración con la necesidad de comprometer los recursos públicos para la atención y seguimiento de la pandemia, sino de atemperarse a lo dispuesto estrictamente a la ley, lo que no excluye la obligación de los funcionarios de rendir cuentas y de escuchar a los ciudadanos en torno a la prestación de los servicios de salud como de las sugerencias que igualmente presentan con el único objetivo de mejorar la calidad del servicio y de poder enfrentar de la mejor forma posible la crisis de la pandemia del coronavirus que afecta por igual a todos los caleños y vallecaucanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social