Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

La mesa directiva del Concejo Municipal en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales de control político a los actos de la administración municipal, tiene el deber de convocar al alcalde Armitage, a la presidenta de METROCALI, al secretario de movilidad y al gerente de EMCALI, para que expliquen entre otros asuntos los siguientes:
En primer lugar, lo relacionado con el fallo del Consejo de Estado mediante el cual se condenó a METROCALI a pagar una suma millonaria en favor del operador GIT MASIVO por concepto de la indemnización de perjuicios e intereses moratorios, habida cuenta de los varios incumplimientos relacionados con la construcción de determinadas obras de infraestructura física con las cuales se había comprometido dicha entidad, circunstancia esta que debió preverse en el marco de lo previsible como parte esencial de los compromisos adquiridos previamente con el concesionario.
No sobra advertir que en el inmediato pasado la labor del Concejo Municipal en el desarrollo de las funciones de control político ha estado mediatizado por el poder que ejerce el ejecutivo sobre la denominada bancada de concejales que apoyan al gobierno y se benefician con las dádivas que reciben de la administración municipal, lo que en la práctica ha hecho que el control político se convierta en un sainete que excluye toda posibilidad de aplicar las sanciones correspondientes al funcionario que incurre en violaciones de la Constitución y de las leyes o en los casos de omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Lo grave de esto es que el pago que se haga al concesionario saldrá directamente de las arcas de METROCALI que se nutren en buena parte de los impuestos que pagan los caleños al Municipio y a la Nación, lo que por supuesto amerita una investigación de los órganos de control y de la fiscalía.

El segundo aspecto que requiere ser explicado tiene que ver con la aplicación improvisada del PIMU, en el sentido de limitar a un solo dígito la medida de pico y placa, generándose con ello un aumento desmesurado de taxis en circulación y haciendo más caótica la movilidad en la ciudad.
Este hecho insólito ha desatado la protesta justificada de los conductores de taxis amarillos que hoy son objeto de una súper explotación económica de su trabajo afectando además su salud y su condición social, individual y familiar, en tanto que con dicha medida, tan solo se benefician aquellos propietarios que diariamente reciben ingentes sumas de dinero por el simple hecho de concentrar en sus manos la propiedad de decenas de estos vehículos como parte de su patrimonio individual.
En tercer lugar, no podemos pasar por alto lo dicho recientemente por el gerente de las Empresas Municipales de Cali EMCALI en reportaje a un diario local en donde aseguró que “la gallina de los huevos de oro (refiriéndose a EMCALI) tiene riesgo de acabarse”. Esto sucede porque “en las zonas de expansión de Cali hay empresas privadas que ya están ofreciendo el servicio de acueducto y que el creciente mercado de la energía solar gana terreno en la ciudad”.
Así mismo para el gerente, “el futuro de EMCALI depende de que en los próximos cinco años se puedan invertir 4.5 billones de pesos en la reposición y extensión de las redes de acueducto y alcantarillado”. “No obstante que con la capacidad económica y financiera que se tiene en ese tiempo …no llegaremos ni siquiera a cubrir el 30% con estas obras”, circunstancia que se agrava aún mas con el hecho de que en la actualidad la empresa no invierte el 100% en dichos componentes debido a las presiones que ejercen los sindicatos que “han logrado que se disponga de 50 mil millones de pesos para modernizar el componente de telecomunicaciones”.
Así las cosas, agrega el funcionario que por este camino se comprometerá la continuidad y calidad del servicio por no invertir en las unidades de negocios en acueducto y alcantarillado, que son las que proveen de recursos a EMCALI. Situación esta que no se modificará “sino con el cambio del alcalde y de los miembros de la junta directiva de EMCALI”.

Toda esta perorata del gerente de EMCALI tiende a generar una situación de pánico económico y financiero en torno a la posibilidad de que la empresa se acabe sino se procede de una parte, a desarticular su unidad económica, financiera, administrativa y operativa, escindiendo sus componentes o privando a TELCO de los recursos necesarios para hacerla mas competitiva en el mercado, lo que finalmente haría que dicho componente entrara en franca crisis y en una eventual liquidación.
Por otra parte está claro que EMCALI debe realizar las inversiones respectivas en redes de acueducto y alcantarillado no solo en los sectores tradicionales de la ciudad sino en la zona de expansión con cargo a los propietarios y urbanizadores de dichos predios.
Pero además no es cierto que la suerte de EMCALI dependa simplemente de quien presida la junta directiva con un nuevo alcalde elegido en el mes de octubre, si antes no se piensa en la necesidad imperiosa de realizar una reestructuración integral de la empresa, que tenga por objeto robustecer el patrimonio público y social con la constitución de una EMCALI regional con participación de los municipios de la zona metropolitana como la mejor alternativa de solución para enfrentar el embate del sector privado que desde la orilla de la competencia aspira a que EMCALI se acabe en medio de la negligencia oficial y de la falta de gestión de sus administradores que de alguna manera preparan soterrada o abiertamente su escisión, privatización o eventual liquidación.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social