Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Del 2002 al 2010 la tasa de homicidios se redujo en 35 puntos en Colombia. La mayor reducción en la historia de un gobierno en el país. La política de seguridad del gobierno Uribe fue efectiva. En cambio, del 2010 al 2017 la tasa de homicidios solamente decreció en 9 puntos. Incluso para 2018 se presentó un crecimiento de asesinatos alcanzando un promedio de 22 muertes por cada 100 mil habitantes. El pacto por la legalidad del gobierno Duque busca recuperar una política de seguridad y defensa para los colombianos.
La cooperación ciudadana en la búsqueda de la legalidad es necesaria. El gobierno del presidente Duque lanzó el programa de Red de Participación Cívica donde se ofrece recompensas para quienes colaboren con información sobre criminales. Una red de informantes. Este modelo implementado durante el gobierno Uribe fue eficaz para que se capturaran a 36.114 miembros de grupos armados. Si la ciudadanía no se siente empoderada de sus territorios, sucede lo del gobierno Santos, dónde las capturas se redujeron en un 54% y los criminales siguieron en las calles.
El fortalecimiento de nuestro de pie de fuerza es otro propósito del gobierno Duque. Santos redujo el número de efectivos de fuerzas militares en 27 mil hombres, según el Ministerio de Defensa. La presencia de efectivos en las regiones es necesaria para la consolidación de la seguridad, más aún con el mar de coca y de minería ilegal que dejó el anterior gobierno. Las negociaciones con grupos armados solo serán posibles sin abandonar el orden jurídico.
Según la MOE la muerte de líderes sociales se da en las regiones dónde se aumentaron los negocios ilegales. En 2017, la coca alcanzó las 170 mil hectáreas cuando al terminar el gobierno Uribe eran 60 mil. La política de seguridad anti-drogas del gobierno Duque incluye la erradicación forzada. Este tipo de erradicación fue necesaria en el pasado para dar grandes resultados. En el periodo 2002-2009 el número de hectáreas erradicadas fue de más de 1 millón cuatrocientas mil, durante el gobierno Santos el número se redujo en casi la mitad.
Este nuevo gobierno tiene como eje transversal recuperar la autoridad y presencia institucional en todo el país. Las cifras que recibió este gobierno son alarmantes. ¿Cómo es posible que todos los indicadores de seguridad del país desmejorarán en los últimos ocho años?
Los casos de extorsión pasaron del 2002 al 2008 de 13 mil casos a 31 mil casos entre 2010 y 2017. El hurto común tuvo más de 1 millón doscientos mil casos en el gobierno de Santos, mientras en el de Uribe fueron 600 mil. Incluso, las lesiones personales pasaron del gobierno Uribe de 300 mil casos, al terminar el gobierno de Santos con más de 600 mil. La seguridad debe volver en todos sus ámbitos.
El presidente Duque está dando resultados. La caída del jefe disidente de las Farc “Rodrigo Cadete” junto con otros disidentes, la captura del autor material del ataque terrorista del ELN a la Escuela de Cadetes, las más de 60 mil capturas por delitos de toda índole, la neutralización de 17 cabecillas de organizaciones al margen de la ley, la incautación de más de 5.000 armas ilegales, el decomiso de 131.000 kilogramos de droga…
El pacto por la legalidad es una de las bases del Plan Nacional de Desarrollo que empezaremos a discutir la próxima semana en el congreso. Retomaremos los temas de seguridad que fueron exitosos en el pasado, y apoyaremos al gobierno en las nuevas políticas de seguridad que proponga. La seguridad es necesaria para mantener y mejorar nuestra democracia.