Ricardo Téllez Bautista
Abogado Administrativista Unilibre, Especialista en Administración Pública Univalle
Quisiera en este momento no referirme al coletazo económico de la pandemia pero es que el tema de que la vida es lo más importante, lo están descubriendo los poetas de todo el mundo, y por eso resulta un desperdicio que desde este espacio que no es poético hicieramos el ridículo tratando de escribir como poetas.
Mejor les informo que dentro del paquete de medidas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del gobierno nacional[1], el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección expidió la Resolución No. 0803 “Por medio de la cual se aplica de oficio el ejercicio de Poder Preferente” que le quita a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo, la competencia para decidir acerca de las solicitudes de los empleadores que se atrevan a pedir autorizacion para suspender sus actividades hasta por 120 días y/o para el despido colectivo de trabajadores por clausura total o parcial, o definitiva o temporal de labores, por culpa de la pandemia. Es decir, el gobierno central asume directamente la responsabilidad de decidir si autoriza o niega las suspenciones (sin salarios) o el despido de trabajadores (¿cierre de una empresa?). Dicho de otra manera ¿será el Gobierno Nacional el que impida los despidos masivos (masacres laborales) que ahora estamos temiendo?
Es que el aislamiento temporal de la población en cada hogar, como recomendación médico-científica para contener el avance del terrible COVID-19, amenaza a los sobrevivientes con la pérdida del empleo que, de llegar a ocurrir como tememos, sería como un tiro de gracia al trabajador, repentinamente moribundo, que hasta la vispera cumplía con el sagrado deber de ganarse el pan con el sudor de la frente.
Según datos del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social del Externado, en 2019 los trabajadores en nuestro pais eran 18.150.485, de los cuales 7.478.000 (41.2%) son independientes[2].
No hay duda de que la economía entrará en recesion. Desde ya los sectores económicos de la producción, el comercio y los servicios, piensan que el virus no acabará el mundo y que durante y después de la tormenta es necesario el despido de trabajadores. Parece lógico y legítimo el instinto de conservación de los poderes económicos: si no hay actividad, pues no hay flujo de capitales para ganar y tampoco para perder. Excepto el empresario Arturo Calle, que a los 84 años de edad resolvió anunciar que cerrará sus tres fábricas, más de 50 tiendas y una zona franca, y que sus más de seis mil trabajadores irán al asilamiento sin dejarles de pagar sus salarios. ¿Cómo hará que los demás no pueden? Parece ser la oveja negra de todos sus pares.
El Estado será herido gravemente por la disminución de sus ingresos. Los independientes por prestación de servicios a su servicio, ya saben que si el COVID-19 sigue sin control, los aislamientos obligarán a una recesión que, de entrada, recaerá en los proyectos de inversión que disfrazan en buena parte la actividad del funcionamiento. Los independientes de la informalidad sufrirán por los cuatro costados, púes el aislamiento los sacará de la calle; es como cerrarles la empresa. Y más de la mitad de la población (escolares, estudiantes, adolescentes felices, familiares desempleados, vagos sin verguenza, ancianos sin pensión, suegros y cuñados acomodados) que vive exclusivamente a costillas de los que trabajan estará en condiciones más incomodas.
En cuanto al aislamiento santo hasta el 13 de abril, el gobierno deberá expedir todos los actos administrativos que normatice el suministro de alimentos, la prestación de servicios públicos domiciliarios y de transporte, el pago de salarios y honorarios que permitan surtir las necesidades de cada familia, y sobre todo, cómo regular el teletrabajo. Todo apunta en especial, a proteger la población de tercera edad por ser los más vulnerables, aunque no tanto por eso, sino por que somos los más potenciales multiplicadores de la pandemia.
Es una guerra contra humanos, declarada por un enemigo microscópico y poderoso, de perfecta redondez, adornado bellamente con aplicaciones, como clavos de olor.
[1] Decreto 417 de marzo 17 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. Por el artículo 215 de la Constitución Nacional, la declaratoria tendrá vigencia por 30 días y podrá ser prorrogado por el mismo período sin que exceda 90 días en el mismo año. Es el tiempo que constitucionalmente tiene el Presidente para superar el estado de emergencia.
[2] Los otros 10.672.485 trabajadores estarían dependiendo de algún empleador con relación laboral. Estos datos son sólo eso: DATOS. En nuestra consulta encontramos variada información y escogí la ofrecida por el Externado. Hay enorme variedad de cifras al respecto.