Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La planeación del territorio de Cali siempre ha estado mediatizada por la influencia de los urbanizadores, constructores y terratenientes, que encontraron en ese instrumento de políticas públicas un medio para privilegiar sus intereses particulares dando la apariencia de prevalencia de los intereses generales lo cual ha contado con la beneplácito de algunos alcaldes y concejales, casi siempre con el argumento de generar trabajo directo e indirecto, promover el interés general o “ambiental” como la “defensa” del Río Cali, etc.
La “planeación” se ha hecho sobre la base de extender la ciudad, embellecerla, pero sin proteger su estructura medio-ambiental ni promover la generación de empleos con actividades diferentes a la de la economía de los servicios, cuya fragilidad económica salió a relucir con la pandemia. Entre tanto no se hicieron estudios, no se debatió y no se planteó el problema de la densidad poblacional proyectada en cada uno de los desarrollos urbanísticos en los extremos de la ciudad, o a lo largo del Rio Cali, Pance y Cauca., para lograr que la planeación territorial respondiera a las verdaderas necesidades de quienes habitan la ciudad y demandan de trabajo formal, de vivienda digna, movilidad, educación, salud, recreación y servicios públicos domiciliarios.
El POT está conformado por una serie de normas farragosas en muchos casos y con vacíos en otros, por donde se cuelan acciones que desnaturalizan el propósito de ordenar el territorio generando un gran desorden, anarquía y caos que hacen difícil vivir y disfrutar la ciudad.
Dos proyectos urbanísticos de gran envergadura llaman la atención de los caleños por el impacto ambiental y urbanístico que causarán y en general por la forma como se ha dispuesto del uso del suelo y del espacio público respectivamente. Se trata en este caso, de los proyectos denominados el uno, TARRAGONA, ubicado en el norte de la ciudad en donde se construirán varias torres de 14 pisos para viviendas de interés social -VIS-, estrato 4, con un costo aproximado de 160 millones de pesos, los cuales se entregarán a sus adjudicatarios para su terminación en obra gris.
El otro proyecto, denominado SANTAFE de iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra ubicado en el Sur de la ciudad en el corregimiento El Hormiguero, vereda Cascajal 3, en donde se proyectan construir entre 18.000 y 20.000 unidades habitacionales, y no obstante no conocerse si es posible llevar en la actualidad los servicios públicos domiciliarios, de transporte, etc.
Ambos proyectos constituyen un referente muy preocupante para la población que vive en la zona metropolitana de Cali Distrito, que tendrá que soportar el aumento de la población proveniente del norte del Cauca y otros departamentos que llegarán a Cali atraídos por estos proyectos, la cual demandará del suministro de nuevos servicios públicos en salud, educación, transporte, seguridad y empleo que no se podrán satisfacer adecuadamente debido a la crisis económica, social e institucional por la que atraviesa la ciudad de Cali y la zona metropolitana.
Para dichos megaproyectos y para otros ya ejecutados, no se tuvo en cuenta la necesidad de planear a escala metropolitana la prestación de determinados servicios en materia de movilidad, servicios públicos, transporte y demás condiciones de carácter social, ambiental-ecológico y del espacio público.
Dichos proyectos han generado un “debate de control político” en el Concejo Distrital que se ha centrado en el hecho de que el predio TARRAGONA situado en el Norte sobre la avenida 2 se encuentra ubicado en una zona verde que no ha sido desafectada por la Corporación edilicia. Por otra parte, el megaproyecto SANTAFE solo podrá adelantarse previa la modificación del POT, en tanto que la zona en donde se ubica el predio sobre el cual se asienta dicha proyecto, no cuenta con la garantía de todos los servicios públicos en materia de movilidad, transporte, servicios públicos domiciliarios, etc.
Desde el punto de vista de la tradición de la propiedad del predio en donde se proyecta construir el conjunto TARRAGONA, es necesario conocer su titularidad: el 28 de septiembre de 1979 el municipio transfirió su dominio como aporte a la constitución de la sociedad de economía mixta denominada “Corporación para la Recreación Popular”, fecha ésta en la cual no había sido expedida la ley 9 de 1989 “por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo municipal, compra venta y expropiación de bienes“, conocida como ley de Reforma Urbana, siendo el antecedente de la ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial. En este caso, no hay duda de que para el 7 de abril de 1982 fecha en que la Corporación para la Recreación Popular vendió el predio al ISS Seccional Valle del Cauca, este predio ya no era del municipio de Cali.
La VEEDURIA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL considera en este caso, que el director del departamento de Planeación Distrital Roy Barreras, excedió sus competencias al sustituir al Concejo de Cali en la facultad asignada a este para reglamentar los usos del suelo, lo cual hizo a través de la CIRCULAR No: 4132.010.22.2.1020.0010181 mediante la cual le OTORGÓ AL PREDIO EN MENCION UN ÁREA DE ACTIVIDAD MIXTA, tratando de llenar un supuesto vacío del POT VIGENTE.
Por lo demás, resulta muy sintomático que el concejo del año 2014 al expedir el POT del cual fue ponente el concejal Roy Barreras hoy director de Planeación Distrital, le asignara un área mixta y residencial predominante a la margen derecha del Río Cali en esa zona, a pesar de la existencia del área forestal del Río Cali. ¿Por qué no se planificó el borde del río Cali, ni el del Río Pance en función de lo espacial, ambiental y económico, dándole a la ciudad un borde ecológico aledaño a los ríos que no alterara el microclima de la ciudad con las elevadas torres habitacionales en el Norte, el Oeste y en la zona Sur en Pance?. La discusión no puede desviarse del punto central que es el ordenamiento del territorio, la prevalencia del interés general y el respeto a los elementos estructurantes del territorio municipal.
El artículo 313 de la Constitución le otorgó a los Concejos la facultad de reglamentar los usos del suelo. Los funcionarios y los particulares como el propietario del predio, no pueden invocar en su favor la existencia de la Circular expedida en octubre de 2020 por Planeación Municipal asignándole un uso mixto: comercial y residencial a dicho inmueble, so pretexto de hacer extensiva a la margen izquierda, la reglamentación de la margen derecha como área mixta. Así mismo desde el Concejo no se podrá incentivar al propietario para demandar unos presuntos perjuicios por no poder construir en el predio materia del debate. Como tampoco, llegar a acuerdos que le representarían al municipio de Cali el pago en favor del propietario de varios miles de millones de pesos ya que en este caso el propietario no puede invocar más derechos que los que le confiere la ley en cuanto al uso disponible del suelo.
Por su parte, el director de Planeación en forma por demás habilidosa anuncia la instauración de una acción popular, tratando de desviar el debate y alegando que el problema es un asunto de TITULARIDAD DEL PREDIO, cuando de lo que se trata es de una violación flagrante de la Constitución, de la ley 388 de 1997 y del POT., en cuanto al uso del suelo.
ADENDA: El alcalde además de mostrar su talante autoritario e irrespetuoso con sus gobernados, dio un pésimo ejemplo al transportarse en un motorraton, sin casco y sin guardar distanciamiento social ya que en una moto esto no es posible.
La afirmación de la jefe jurídica de la alcaldía en el sentido de que el alcalde no debe pagar la multa en virtud de ser el jefe de la policía local, constituye una leguleyada que contraviene el principio de legalidad que debe guardar el funcionario público en todos y cada uno de sus actos públicos, conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley. Por lo demás, con dicho acto dio un mal ejemplo que demanda de una sanción moral por parte de los ciudadanos obligados a cumplir con la ley.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social