Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para algunos ideólogos y economistas de estirpe liberal y social-demócrata existe la posibilidad de alcanzar el “pleno empleo” en un país que como Colombia está constituido como un Estado Social y Democrático de Derecho similar al denominado Estado del Bienestar General de otros países del mundo capitalista globalizado.
Dicha pretensión choca de plano en la práctica con otra realidad contraria a la esperada, que en este caso arroja un creciente desempleo e informalidad, convertida en una constante que tiende en las actuales circunstancias a incrementarse generándose con ello un clima de incertidumbre y de preocupación en diversos medios económicos y políticos que han salido a proponer una serie de iniciativas, algunas de las cuales fueron ensayadas en el pasado con resultados no menos provechosos ni satisfactorios para cientos de miles de trabajadores que hoy nutren las estadísticas del desempleo y la informalidad en donde aparece que para el mes de agosto existía una tasa de desempleo del 10.8%, superior en 1.6% a la alcanzada en el mismo período del año 2018, lo que significa que los desempleados llegaron a 2.6 millones de personas, destruyéndose mas de medio millón de puestos de trabajo. Y no obstante la puesta en marcha de las políticas de reestructuración económica del gobierno del presidente Duque contenidas en su plan Nacional de Desarrollo con las cuales se viene difundiendo la idea de que actividades como la construcción de viviendas, obras de infraestructura, el comercio, la industria manufacturera y el agro, generarán los empleos suficientes que requiere el país en este momento y en el futuro inmediato.
Así las cosas y como respuesta a esta situación, FENALCO y el gobierno nacional comenzaron a presentar varias iniciativas en materia laboral como alternativa de solución a la crisis que afronta el país, relacionadas con la necesidad de establecer lo que se ha denominado “la contratación por horas” y “la implementación del salario mínimo diferencial para las regiones”, con las cuales se aspira según se dice, a -reducir los costos laborales que en Colombia son muy altos y que hacen que las empresas no puedan competir en el mercado-.
En el fondo de lo que se trata es de flexibilizar al máximo la contratación laboral, precarizando aun mas el trabajo asalariado, no solo del que logra encontrar un empleo sino del que labora en las empresas bajo las diversas formas y modalidades de la tercerización e incluso respecto de aquellos que como los empleados de entidades bancarias, de educación, de salud, empleados del Estado, profesionales independientes, etc., deben someterse a dicho estado de cosas.
Además no hay que olvidar que el desarrollo de esta situación se agrava en aquellos países que como en el nuestro, avanza el proceso de desindustrialización a partir de la apertura económica de 1991 durante el gobierno neoliberal de César Gaviria, dando lugar al crecimiento de la informalidad en medio del auge de la economía de los servicios y de la importación de toda clase de bienes de capital y de consumo.
Sin embargo la causa real y última del desempleo y de la informalidad debe buscarse en la insuficiente demanda de bienes y servicios que no pueden adquirirse por los consumidores debido al decrecimiento y pérdida del valor del salario, creándose con ello una baja en la producción y por tanto en la oferta de bienes que conlleva a una disminución en la actividad laboral que conduce al incremento del desempleo agravado con el aumento de la demanda de trabajo “barato”, de los precios de los bienes de consumo, los impuestos, del carácter cíclico de la producción, la inflación, la revaluación de la moneda y la implementación de nuevas tecnologías mediante las cuales se sustituye el trabajo masivo no calificado de miles de trabajadores.
Por otra parte, en términos generales la contratación por horas conlleva a una disminución de los ingresos de los trabajadores y a una mayor intensidad del trabajo. En cuanto a la propuesta del salario mínimo diferencial quedó demostrado con base en la experiencia que los empleadores no respetan el monto del salario mínimo, particularmente de aquellos trabajadores que laboran en las zonas agrarias y respecto del trabajo de mujeres y adolescentes. Mientras que su incremento anual no corresponde al aumento de los precios de los artículos de consumo sino con la recuperación parcial de la capacidad de compra de los trabajadores que siempre está por debajo del valor de la canasta familiar.
La adopción de tales medidas al igual que la propuesta de conceder nuevos incentivos a los empresarios y/o reducción de sus gravámenes impositivos, no será suficiente para contener las fuerzas espontáneas del mercado que elevan los precios y regulan el salario en función de la ley de la oferta y la demanda, como tampoco podrá impedirse la acción de los monopolios en medio de la competencia que cuenta con el beneplácito de los órganos del poder público y de los partidos políticos cuyo papel es consolidar los lazos entre el Estado y las organizaciones del gran capital financiero nacional e internacional.
Desde algunas entidades de carácter nacional e internacional se viene llamando la atención a los diferentes líderes empresariales para que asuman una actitud mas activa en contra de los abusos de los monopolios y de la corrupción, todo ello dirigido a recuperar la confianza de los trabajadores y ciudadanos a quienes se les debe ayudar desde el punto de vista económico y laboral creyéndose de que por este camino se podrá garantizar de mejor forma la libertad de empresa y la existencia del propio capitalismo, respecto de los ataques de los sectores populistas de derecha y de izquierda. Circunstancia esta que pone al desnudo la profunda crisis no solo del régimen sino de la clase empresarial que debe llevar a los trabajadores y a los ciudadanos en general a proponer nuevas estrategias y a unirse, organizarse y movilizarse contra tales políticas que en lo fundamental buscan desplazar a los trabajadores de sus puestos de trabajo, para lo cual no será suficiente acogerse a la vieja retórica de combinar la libertad de empresa con la regulación estatal y finalmente realizar acuerdos con los grandes empresarios y con algunas organizaciones sindicales proclives a conciliar los intereses de los trabajadores con el gran capital, encaminados a minimizar el impacto social que se causa con la aplicación de dichas políticas neoliberales, al tiempo que se garantiza el retorno de las inversiones acompañadas de jugosas ganancias obtenidas a costa de la explotación económica del trabajo, de la utilización y manejo irracionales de los recursos productivos y de naturaleza con los cuales se causan grandes daños a la economía y al medio natural.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social