Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos se ha hecho cada vez mas difícil de practicar ante la prepotencia de las autoridades que tienden a restringirlos, hasta el punto de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto después de haberse producido ciertos hechos violentos ocurridos en el mes de noviembre del año pasado y recientemente en el de septiembre, en los que perdieron la vida varios ciudadanos y resultaron heridos otros tantos, responsabilizando a la autoridad policial por haber hecho uso excesivo e ilegal de la fuerza pública, lo cual quedó registrado en videos y testimonios de las personas que se encontraban en el lugar donde se sucedieron tales hechos en varias ciudades del país.
Dichos actos de violencia llevaron al alto tribunal de justicia a señalar en términos generales en una sentencia de tutela que el “ESMAD” “constituye una amenaza real” para el ejercicio del derecho a la protesta social de carácter pacífico, en tanto que el gobierno del presidente Duque se dice en la sentencia, “no ha mantenido la neutralidad” frente a las manifestaciones que ”critican su gobierno”, lo que puede generar temor en la población que quiere protestar.
Por otra parte, habrá que decir que los actos vandálicos que se sucedieron con la protesta social, ya sea de manera espontánea o planificada, constituyen un hecho recurrente ejecutado por grupos de anarquistas, terroristas y delincuentes comunes, los cuales han sido identificados por las autoridades como actos de protesta para justificar el uso ilegal de la fuerza policial y la posibilidad de restringir este derecho constitucional, circunstancia esta que no tiene ninguna justificación moral ni política en medio de un régimen autoritario que ha convertido el diálogo con los actores de la protesta en una “simple formalidad” desligada de todo compromiso real y material de cumplimiento y responsabilidad institucional.
Entre tanto y bajo la presión de los gremios empresariales se ha dado luz verde al denominado “contrato por horas”, que hará prácticamente imposible que el trabajador pueda adquirir con el paso del tiempo el derecho a obtener una pensión justa acorde con su salario y el tiempo de servicios, lo cual se sustituye con los Beps en favor de quienes no alcancen a reunir los requisitos para pensionarse, contribuyendo de esta manera a incrementar la pobreza monetaria y multidimensional y con ello la inequidad y la desigualdad social.
A lo anterior se suman la crisis económica y la persistencia de la pandemia del COVID-19 con la situación que viven los trabajadores que perdieron sus empleos y que difícilmente podrán recuperarlos, en la medida en que la reactivación económica será muy lenta y no se advierte un cambio esencial de las políticas públicas que tengan por objeto la reindustrialización del país y la recuperación efectiva del campo, en tanto se persiste en la explotación de la economía extractivista que destruye el medio natural y de la financiación de una serie de actividades relacionadas con la economía de los servicios, desligadas de la producción con destino a la satisfacción de la demanda de bienes del pueblo colombiano, saturado con las importaciones que inundan el mercado de toda clase de mercaderías extranjeras que generan un gran desequilibrio y déficit de la balanza comercial y de pagos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social