Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No obstante la existencia de algunas diferencias conceptuales entre el alcalde Ospina y el Concejo Municipal relacionadas con la implementación de proyectos y programas contenidos en el plan de Desarrollo Económico y Social, no se descarta la posibilidad de que el proyecto de acuerdo No: 025 de 2020 presentado recientemente por el alcalde facultándolo para contraer nuevos créditos, emitir bonos y manejar la deuda pública sea aprobado por la corporación edilicia, a pesar de que con ello se rebasan los límites y la capacidad financiera del municipio con dicho endeudamiento.
Para el alcalde y para el concejo municipal dicha operación constituye el camino más idóneo y expedito para “atender las necesidades de los caleños y sacarlos de la crisis en que se encuentran”, lo que por supuesto no deja de ser mas que una ilusión, en tanto que la mayor parte de los recursos se aplicarán a la construcción de una serie de obras de infraestructura y de la economía de los servicios que tan solo generarán beneficios a un sector económico, al tiempo que otros, al sucumbir con la crisis económica y sanitaria dejaron cesantes a miles de trabajadores que difícilmente podrán recuperar sus puestos de trabajo.
Con todo y la reactivación económica de la ciudad a partir de las ayudas del Estado y de la utilización de los recursos derivados del empréstito, los mismos serán insuficientes para recuperar su economía que por lo demás será muy lenta y desigual y poco productiva, en tanto que buena parte de dichos recursos se destinarán a cubrir el gasto gubernamental y el déficit fiscal acumulado en el tiempo en contra de la situación financiera del municipio.
Lo cierto es que hasta ahora se desconoce de dónde se sacarán los dineros para cubrir el inmenso endeudamiento que finalmente tendrán que pagar los caleños con el incremento de los impuestos, tasas y contribuciones, cuyo costo hará mas gravosa su situación económica y social. Por otra parte resulta imposible financiar el costo de obras cuyo valor inicial supera los dos billones de pesos, con tan solo un préstamo de seiscientos cincuenta mil millones de pesos ($650.000 millones).
Por otra parte conviene recordarle a los ciudadanos a propósito de la construcción de la Troncal de Oriente por donde circulará el MIO, que la misma debió construirse hace 10 años con lo cual la administración de aquel entonces cometió uno de los muchos errores en materia de planeación lo que en buena medida ha influido en la crisis económica, financiera y operativa del sistema de transporte masivo y de la empresa METROCALI.
Los caleños esperan que dicha obra se termine cuanto antes y no se repita la historia de aquellas obras inconclusas, con sobrecostos y que en el fondo han servido a la administración para justificar las políticas de endeudamiento que practican los alcaldes de turno para satisfacer las demandas de urbanizadores y propietarios de tierras que se han lucrado con el crecimiento y “desarrollo urbanístico” de la ciudad en cada uno de los frentes de obras que se ejecutan sin tener en cuenta los intereses generales de los ciudadanos que deben soportar el desorden y la anarquía reinantes, tal como sucede con la circulación sin ningún control de automotores que transita por la carrera 4 oeste desde la circunvalación con destino al cerro de Cristo Rey, el Mameyal, y en cuyas márgenes se asentaron un sinnúmero de negocios de diversa índole, además de la construcción de edificaciones, complejos y unidades residenciales, que tuvieron la autorización y licencia de las autoridades de Planeación Municipal, causándose un grave daño al medio ambiente natural de dicha zona rural, además del aumento de la polución con el tráfico automotor, el ruido y la contaminación de su entorno natural y social que hacen muy difícil la paz y el sosiego doméstico.
La reflexión que deben hacerse las autoridades municipales, es si el endeudamiento ilimitado de las finanzas públicas para la construcción de ciertas obras que seguramente quedarán inconclusas, como la permisividad del caos urbanístico y el daño a la naturaleza, son compatibles con el cumplimiento del mandato constitucional de la defensa del interés general y de los principios, valores, derechos y fines del Estado Social de Derecho.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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