Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no podrán ser considerados en ningún caso como conexos al delito político. Para lograrlo, el martes pasado radiqué, junto al presidente Uribe, un proyecto que modifica el acto legislativo 01 de 2017 de los acuerdos de La Habana. Consideramos que los delitos sexuales deben ser reconocidos por la justicia ordinaria y no por la JEP. Quienes cometieron estos delitos deben enfrentar todo el peso de las sanciones, sin beneficios derivados de los acuerdos.
Son más de 48.915 niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia sexual entre los años 2008 y 2012
La magnitud de los delitos es preocupante. Son más de 48.915 niños, niñas y jóvenes víctimas de violencia sexual entre los años 2008 y 2012, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado-Coalico.
La Fiscalía también entregó un informe acerca de las conductas delictivas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de las FARC. Son más de 1.200 casos, 122 de menores que fueron sometidos a acceso carnal abusivo y más de 600 a acceso carnal violento. El informe aporta evidencia adicional sobre casos de aborto forzado y circunstancias como desnudez forzada, feminicidio, esclavitud sexual y prostitución forzada.
Las cifras de niñas, niños y adolescentes en el conflicto también son alarmantes. Más de 16.879 niños hicieron parte del conflicto según el Centro de Memoria Histórica y el ICBF ha atendido a más de 6.000 niños y niñas que fueron reclutados, en los últimos años. Toda una tragedia.
la impunidad en los casos priorizados por la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto, alcanzaba para 2016 el 92%
En cuanto a la justicia de los casos y víctimas hay una enorme decepción. De acuerdo a las Mesas de Seguimiento de DeJusticia, la impunidad en los casos priorizados por la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto, alcanzaba para 2016 el 92%.
Existe la obligación por parte de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger a los menores. La constitución política, el código de la Infancia y de la Adolescencia, así como los tratados ratificados por nuestro país como la convención sobre los derechos del niño y la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, exigen la obligación de garantizar especial protección de los niños.
Evitar que los delitos sexuales contra los menores, en el marco del conflicto, sean reconocidos por la JEP y vuelvan a ser competencia exclusiva de la justicia ordinaria es coherente con las obligaciones de proteger los derechos de los menores. Los delitos sexuales contra menores no pueden ser objeto de beneficios a partir de la conexidad con el delito político.
Hace unos meses, la Corte Constitucional mantuvo las penas alternativas para responsables de violencia sexual contra menores.
Hace unos meses, la Corte Constitucional mantuvo las penas alternativas para responsables de violencia sexual contra menores.
Con el proyecto de acto legislativo que presenté, no habrá conexidad entre el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual con el delito político. La iniciativa hace parte de una serie de proyectos de ley del Centro Democrático que pretenden hacer modificaciones a los acuerdos de La Habana en materia de justicia.