Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La tarea de la recuperación de la Justicia pasa necesariamente por la democratización de la rama judicial, lo que implica la aprobación de una reforma constitucional de carácter estructural del poder en su conjunto.
Como es sabido, la elección de los magistrados se asemeja a una especie de contubernio entre los poderes del Estado que se reparten la facultad de intervenir en la elección de los diversos miembros de las altas cortes atendiendo básicamente criterios políticos y clientelistas que se colocan por encima de las capacidades y de la experiencia de sus aspirantes.
En muchas circunstancias el ejecutivo se vale de su poder nominador para presionar la elección de determinados magistrados que son elegidos por el Congreso como sucede en el caso de la Corte Constitucional y que de alguna manera se disponen a apoyar los actos legislativos, leyes y decretos de dicha corporación y del gobierno.
A todo esto se suma la facultad que tienen los magistrados de las altas cortes de ternar a sus candidatos para los órganos de control de la Procuraduría y Contraloría, quienes a su vez retribuyen el favor nombrando en dichas instituciones a magistrados y amigos de los magistrados. Mientras tanto se conserva con algunas modificaciones procedimentales el viejo esquema aristocrático de la cooptación, mediante el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se auto eligen con base en las listas de candidatos enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, que también hace parte de la rama judicial y sus miembros, en lo que corresponde a la Sala Administrativa, son elegidos por los magistrados de las altas cortes y en cuanto a la sala disciplinaria por el Congreso de la República de ternas presentadas por el gobierno.
Algo similar sucede con los miembros de la Corte Constitucional y del Fiscal general que son elegidos por el Congreso con la participación de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, con lo cual se afianzan la hegemonía y el clientelismo judicial.
De esta forma se rompen los principios constitucionales de la soberanía popular y de la democracia participativa que presuponen que los ciudadanos tienen el derecho de intervenir en la escogencia de sus jueces y magistrados a través de sus organizaciones sociales o directamente a ciertos niveles de la administración de justicia.
Por otra parte resulta a todas luces incomprensible que habiéndose consagrado en la Constitución la posibilidad de que los ciudadanos participen en el juzgamiento de las causas penales como jurados de conciencia, hayan pasado más de 25 años de su vigencia sin que se produzca la reglamentación respectiva, impidiendo así su aplicación practica y con ello negándoles a los ciudadanos el derecho a participar en la administración de justicia.
Y de ahí que cualquier modificación a la rama judicial no pueda hacerse simplemente removiendo la parte operativa y funcional de la misma, expidiendo nuevos códigos y reglamentos, como tampoco aplicando la ley estatutaria de la justicia que mas bien se parece a un estatuto de personal, o creyendo que los
problemas judiciales se resuelven nombrando mas jueces o pidiéndole la renuncia a la plana mayor de la magistratura, carcomida por la corrupción o aumentando los presupuestos para la rama, cuando de lo que se trata es de democratizar la justicia para el ciudadano y no para una elite de togados que se benefician de su alta posición, prebendas, millonarios salarios y pensiones que resultan de los impuestos que pagan los contribuyentes.
Para recuperar la justicia se debe empezar por incluir su reforma como uno de los aspectos esenciales de la discusión y análisis de buena parte de la estructura del poder, su forma de organización y funcionamiento, lo cual solo es posible de realizar a través de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa en donde se recojan las iniciativas propuestas y soluciones de fondo encaminadas a lograr un cambio sustancial de dicha rama del poder publico.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social