Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La aplicación de medidas policivas para desalojar a los ocupantes de hecho de ciertos predios urbanos y rurales de propiedad privada o pública, se ha convertido en una constante en el Distrito de Cali.
Un ejemplo de esta práctica lo constituye lo sucedido con el desalojo de más de 500 familias de un predio rural situado en el corregimiento de Navarro, denominado Hacienda Aldovea de propiedad de la familia Varela Lourido, el cual hace parte de un predio de mayor extensión, correspondiéndole al municipio de Cali la tercera parte como ejidos con destino a los sectores más pobres de la ciudad y carentes de vivienda familiar.
Dicho predio ha sido ocupado desde hace un año aproximadamente por familias provenientes de otros municipios y regiones y a los cuales según dicen sus voceros, se les incumplieron los acuerdos previos al desalojo celebrados el pasado martes después de la protesta realizada frente al edificio de la alcaldía Distrital.
En este caso, la comunidad asegura que se hicieron convenios con las autoridades de destruir únicamente las viviendas que no estaban habitadas o que se habían construido posteriormente, lo que no fue respetado por las autoridades procediendo al desalojo de las familias que ocupaban aproximadamente cinco hectáreas de un total de treinta, que por lo demás se encuentran prácticamente abandonadas por sus propietarios, sin cercas que sirvan para determinar su cabida, extensión y linderos como lo ordena la ley civil y sobre todo sin que dicha propiedad cumpla a cabalidad con la función social y ecológica de que trata la Constitución Política de Colombia.
Entretanto, dicha propiedad podría utilizarse para desarrollar un plan integral de vivienda de carácter social sustentada en una política que incluya no solo la parte urbanística sino los acuerdos en materia de política demográfica con las autoridades de la zona metropolitana además de todos los procesos relacionados con el desarrollo urbanístico y su influencia sobre el medio ambiente.
El desalojo se ha convertido en el Distrito en un hecho recurrente acompasado de una aparente legalidad que cuenta con la presencia de las secretarías de la administración de Jorge Iván Ospina desde las cuales se dice que sus funcionarios tan solo están cumpliendo con la ley que les permite el uso de la fuerza policial contra la comunidad que se resiste a evacuar el predio; siendo éste el último recurso que debe utilizarse para restablecer el orden y recuperar el predio de la ocupación irregular; circunstancia ésta que dejó por fuera la existencia de unos acuerdos que se incumplieron por parte de las autoridades, abriéndose paso de esta manera el ejercicio de la coacción y la violencia.
No sobra agregar que este tipo de medidas atenta contra los principios, derechos y libertades de los ciudadanos al no garantizarles el ejercicio de los mismos creándose en este caso un ambiente de incredulidad y de incertidumbre poniéndose en duda el carácter social y democrático de las instituciones del Estado.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social