Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde diversos sectores sociales, gremiales y académicos, se ha propuesto que el nuevo jefe de Estado que se posesione el 7 de agosto deberá convocar a la mayor brevedad posible al conjunto de las fuerzas económicas y políticas para dialogar sobre el futuro del país, ya que de acuerdo con las encuestas es probable que se produzca un empate técnico en las votaciones entre los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que compiten por el acceso a la presidencia de la república, lo que implicaría en la práctica que el ganador de la contienda electoral lo haría con un margen muy reducido según se afirma por los analistas, lo cual podría generar una exacerbación de los ánimos y confrontaciones entre los electores de ambas campañas afectándose con ello la gobernabilidad en general.
Por otra parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), hace hincapié en que el gobierno entrante debe cumplir con los compromisos a fin de evitar un nuevo estallido social, siendo el diálogo lo más propicio para Colombia.
A su turno, el candidato presidencial Rodolfo Hernández al igual que su fórmula vicepresidencial abogan por el diálogo social como un ejercicio democrático. Mientras tanto el candidato Gustavo Petro le plantea al candidato Hernández llegar a un acuerdo nacional como algo necesario para acabar con la polarización.
El diálogo por excelencia consiste en la conversación entre varias personas dispuestas a escucharse mutuamente, ya que de lo contrario se estaría frente a un “diálogo de sordos” en que ninguna de las partes que participa del mismo le presta atención a su interlocutor. En este caso existen dudas y preocupaciones en torno a la posibilidad de que fructifique el denominado diálogo social o acuerdo nacional, en tanto existen muchas contradicciones y diferencias entre los candidatos y sectores económicos y políticos en materia de seguridad energética, alimentaria, reformas a la salud y al sistema pensional, aspectos estos claves de política económica y social que el próximo gobierno deberá enfrentar en consonancia con los intereses y necesidades de los grandes empresarios y del capital financiero, comprometidos con el sostenimiento de la reactivación económica bajo los parámetros de la defensa de la propiedad privada, y de la libre competencia conjuntamente con las promesas y propuestas formales de reducir la pobreza y la desigualdad social, con las cuales sin embargo se busca apaciguar los ánimos de los colombianos que aspiran a que se produzca un verdadero cambio social sustentado en la transformación de la vieja y desueta organización política y social que en fin de cuentas se diferencia de aquellas concepciones de cambio basadas en un diálogo que solo persigue llegar a ciertos acuerdos que conducen a simples cambios de carácter cuantitativo en relación con la realidad existente, sin que con ello se eliminen del todo lo viejo y caduco de la sociedad y se propicie la apertura de lo nuevo en cuanto a la defensa real y objetiva de los derechos y libertades, la ampliación de la participación democrática de los ciudadanos, el afianzamiento de la paz, del progreso y del bienestar social en igualdad de condiciones para los colombianos en general.
Así las cosas, de llevarse a cabo dicho proyecto estará claro que solo podrá esperarse la preparación y ejecución de un conjunto de reformas encaminadas a fortalecer el régimen capitalista y aplazar la construcción de una nueva realidad social mediatizada en la actualidad por el populismo, la demagogia y el reformismo dirigidos a atenuar temporalmente las contradicciones y conflictos sociales, en tanto persisten las causas que los originan.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social