María del Rosario Guerra
Senadora de la República
La dantesca campaña de desprestigio emprendida en contra de las Fuerzas Militares parece no tener fin. Hay quienes persisten en enlodar el buen nombre de cientos de hombres y mujeres que con sacrificio portan el uniforme militar respetuosos de la Constitución y la Ley.
Desde el pasado 18 de mayo, inició la ‘cacería de brujas’. Ese día el diario estadounidense The New York Times publicó, en primera página, un reportaje en el cual denunció el presunto regreso de la exigencia de bajas en combate u “órdenes letales” lo que para muchos significó la posibilidad de revivir la escabrosa práctica de los llamados ‘falsos positivos’.
Desde ese día los enemigos del Gobierno, esos que apoyaron el acuerdo Santos-Farc se han dedicado a cuestionar a nuestro Ejército Nacional, buscando no solo atacar y afectar la imagen de quienes portan con honor el uniforme, sino de sembrar duda en los colombianos que confiamos en el profesionalismo de nuestros héroes.
Pero el ensañamiento no termina. Supuestas nuevas revelaciones y pruebas vuelven a tejer un manto de duda sobre dicha institución castrense.
Amenazas, seguimientos e interceptaciones telefónicas están en el ramillete de acusaciones, ninguna sostenible ni probada, que hacen presuntos militares sobre el buen actuar de los cerca de 210 mil hombres y mujeres que componen, en la actualidad, el Ejército Nacional.
Desde que estaba el proceso de negociación con las Farc ya se vislumbraba un deseo de diezmar la capacidad táctica y operacional del Ejército, algo que no pasará en este Gobierno comprometido con la legalidad.
Prueba del profesionalismo y capacidad en terreno de nuestros uniformados son las más de 1.800 capturas de integrantes de grupos armados, el decomiso de 124.210 kilos de cocaína y 126.857 de marihuana, así como la erradicación de 23.823 hectáreas de cultivos ilícitos; todo esto solo en el primer trimestre de 2019.
Sin embargo, los enemigos del Gobierno tienen una nueva excusa, basada en un entramado de mentiras, para deslegitimar y cuestionar, sin argumentos, este arduo trabajo de nuestras Fuerzas Armadas.
Entonces me pregunto: ¿Existe en realidad un cerco de amenazas y presiones sobre los militares que están supuestamente denunciando el regreso de los ‘falsos positivos’ y actos de corrupción en el Ejército?, ¿Dónde están los testigos y las pruebas que demuestran la veracidad de esas graves acusaciones?, ¿si existen amenazas en contra de uniformados y periodistas que han revelado supuestas malas acciones, dónde están las denuncias ante la Fiscalía?
No puedo negar la comisión de errores y malas conductas por parte de un minúsculo grupo de integrantes de la institución y así lo demuestran los registros de la Fiscalía, según los cuales 5.626 personas han sido procesadas por ‘falsos positivos’, de los cuales 3.826 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Por esta misma conducta ilegal también fueron vinculados 992 suboficiales y 514 oficiales.
Aún así, no podemos seguir juzgando a priori a toda una institución. Hoy se hace necesario defender el honor y la entrega de nuestros militares, quienes tienen una instrucción clara: priorizar la vida de cualquier ser humano a lo largo y ancho del territorio nacional.
El presidente Iván Duque no ha exigido ni exigirá nunca cadáveres, como tampoco lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, para demostrarle al país que está cumpliendo en su férrea lucha contra la ilegalidad y la criminalidad para devolverle al país la seguridad y la confianza en las instituciones que perdió durante la mala y sesgada administración Santos contra nuestras Fuerzas Militares y de Policía.
No existe tal orden de ejecuciones extrajudiciales a cambio de permisos o de plata, y tampoco hay encubrimientos. Lo que sí existe, y es visible, es el trabajo y compromiso inquebrantable de un Ejército disciplinado y vestido de honor que protege a su Patria con valor y entereza. No más cacería de brujas.