Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El declive de la democracia liberal se encuentra estrechamente ligado con las crisis más profundas y recurrentes que ocurren en el sistema capitalista globalizado desde el punto de vista económico, político y social y del aumento del parasitismo de sus clases dominantes que ya no poseen la capacidad para dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad y enfrentar los problemas que se generan con la agudización de las contradicciones y los conflictos sociales que se presentan en la actualidad, respecto de los cuales dichas clases dirigentes han decidido no utilizar las formas e instituciones democráticas para resolver los graves problemas que afronta la sociedad contemporánea, en lo que podría calificarse como una manera de negar la propia democracia.
Al caracterizar la democracia liberal, algunos ideólogos y politólogos la despojan de su carácter de clase al tiempo que reducen su ejercicio a un simple juego político que conduce a la lucha competitiva de los partidos por la conquista o afianzamiento del poder del Estado, tras de la cual se oculta el poder económico del gran capital financiero nacional e internacional y de otros sectores económicos y políticos que actúan como intermediarios entre los gobiernos de turno y las clases dominantes.
La correlación de dichos partidos y movimientos políticos, le ha servido a las clases dirigentes para argumentar el carácter democrático del régimen cuya existencia depende en gran parte del hecho de que la burguesía como cualquier otra clase social no es homogénea y sus integrantes pertenecen a diferentes sectores y grupos sociales que se enfrentan entre sí en la lucha competitiva por el poder el Estado.
En la actualidad dicho sistema de partidos se ha venido transformando sistemáticamente en la denominada partidocracia que permite el paso del pluripartidismo al monopartidismo casi siempre de corte elitista y tecnocrático, mediante el cual se concentra y centraliza el poder político en cabeza de un solo partido o de una coalición de partidos que domina a otros partidos, con lo cual queda claro que el contenido esencial del poder en este caso no reside en la soberanía del pueblo sino en la elite gobernante que somete a los otros partidos y ejerce la dirección y el gobierno del Estado utilizando para ello diversas formas y métodos de gobierno caracterizadas por la exclusión y el autoritarismo que tiende a generalizarse e incrementarse en términos generales.
En tanto, los partidos democráticos y progresistas que actúan desde la oposición deben utilizar los principios e instituciones democráticas para enfrentar al régimen e imprimirle un nuevo contenido político y social a la democracia acorde con los intereses y necesidades del pueblo soberano.
El declive de la democracia liberal guarda relación con la crisis del parlamentarismo, cuyo órgano el parlamento, congreso o asamblea de diputados está integrado por diversos exponentes y voceros de las clases dirigentes entre las cuales se cuentan terratenientes, ganaderos, comerciantes, propietarios de medios de comunicación, políticos, profesionales, etc., que si bien es cierto son elegidos por el pueblo no representan ni defienden en lo fundamental más que sus propios intereses de clase, grupo social o individuales.
Entretanto dichos legisladores aprueban leyes y reformas constitucionales impuestas en muchos casos por los gremios empresariales y del gran capital financiero nacional, con lo cual dichas actas legislativas pierden su carácter representativo y democrático.
Ahora bien, en cuanto a otro de los pilares de la democracia liberal en crisis como lo es el principio de la división de poderes en sus tres ramas legislativa, ejecutiva y judicial, encaminadas a cumplir funciones separadas, pero colaborándose armónicamente en la realización de sus funciones con miras a fortalecer el poder público, lo cierto es que ésta no deja de ser más que una simple apariencia en tanto que el poder es uno solo, en cabeza del ejecutivo que le impone su impronta a las leyes que aprueba el órgano legislativo en donde se plasma la política del régimen y a la que deben someterse los órganos judiciales.
Al mismo tiempo, es preciso señalar la forma como se acrecienta el poder de los órganos ejecutivos con la entrega de facultades especiales que utilizan para restringir en muchos casos los derechos y libertades de los ciudadanos que se oponen al gobierno de turno o al régimen político o que tienen por objeto beneficiar a determinados grupos de interés.
Otro de los aspectos más cuestionables y demostrativos de la crisis de la democracia liberal y de su declive progresivo tiene que ver con el régimen electoral, mediante el cual se ofrece al ciudadano con aparente igualdad de condiciones la posibilidad de elegir a sus gobernantes o a participar en diversos asuntos de interés general, utilizando para ello los denominados mecanismos de participación democrática, tales como la consulta popular, el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, etc., alternativas estas que en muchas oportunidades se adelantan en medio del soborno, la violación de las normas electorales y de la violencia contra los electores, que incluso son tratados como masa electoral disponible por los partidos y dirigentes políticos que los manipulan con toda clase de promesas y dádivas ofrecidas por estos.
En la actualidad proliferan toda clase de leyes, decretos ejecutivos y decisiones judiciales que en buena medida están encaminadas a privilegiar los intereses de las clases dominantes que se colocan por encima de los intereses comunes de los ciudadanos que se enfrentan al autoritarismo de los gobernantes, al populismo de derecha o de izquierda, como al reformismo que invoca el cambio para que todo siga igual bajo otras formas y modalidades con las cuales se pretende ocultar la crisis y el declive de la democracia liberal conformada como una verdadera dictadura de clase que puede asumir formas reaccionarias como el fascismo, el terrorismo de Estado, etc., circunstancias éstas que las fuerzas democráticas y progresistas deben combatir con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos conjuntamente con la transformación de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social