Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
Ha causado escozor el decreto No. 304 de 2021 del alcalde, Jorge Ivan Ospina, que reconoce la agrupación de primera línea como un actor para negociar con las autoridades, persisten bloqueos en Cali, campamentos en andenes y vías públicas, barricadas y la orden de la policía de desalojar a los civiles jóvenes que mantiene su actividad en la primera línea. Y ello requiere administración del problema social que se encuentra la ciudad, con un gigante grupo de jóvenes protestando por falta de oportunidades, desempleo y otros con altos niveles delincuenciales, sin formación, ni educación, y de pronto con poca esperanza de vida, como se observa en las estadísticas.
Nuestra tesis es que hay que entender el decreto del alcalde como un marco político administrativo, para buscar una solución a un conflicto evidente y estructural de la ciudad; gran oportunidad, como fue la séptima papeleta que originó la C N de 1991 , impulsada ilegalmente, aceptada ser incluida dentro de la urna y ese hecho político generó el espacio para lograr el nuevo contrato social, como lo demostraremos en el presente ensayo.
Llamado a empresarios, gremios y ciudadanos
Para que puedan identificar que en la ciudad existen más de 200,000 jóvenes sin esperanza y un poco más de 100.000 adolescentes delincuentes, toda una realidad social y tambien insurreccional, evidente en este estallido que comenzó el 28 abril del 2021 que aún sigue su marcha. La cifra sale de los estudios por más de 10 años de desempleo, informalidad , delincuencia de jóvenes y barrios hechos por Caliescribe con el DANE y con taxistas por el lugar de vivienda, demografía, homicidios y comunas. Y esto es escandaloso, la única manera, iniciar la solución es sentándose a hablar con el enemigo, por el odio y el rencor de ellos frente a la sociedad. Observar este conflicto social, reconocer que la paz ciudadana está amenazada y si le sumamos el narcotráfico, crecido por los paramilitares, el mismo ELN , disidencias de las FARC , excombatientes y líderes sociales dedicados a apoyar el negocio y la insurrección, el problema es mayúsculo.
La crisis juvenil y los gobernantes
El modelo del presidente Duque, las fuerzas militares, el ministro de defensa e interior , la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali , para atender a los jóvenes en la protesta pacifica, las delincuenciales y subversivas ha fracasado, no han podido conjurar las marchas , un orden publico turbado para llegar a toques de queda , donde la sensación de ingobernabilidad e inseguridad ciudadana sigue creciendo .
Por ello, es válido el esquema para desescalar la violencia a través del diálogo, buscando abrir espacios y para ello otorgando cesiones, buscando beneficiar a los jóvenes de escasos recursos, lo que es una alternativa política valida.
La protesta ciudadana, demandas y penales….
Por la expedición del decreto No. 304 donde a la unión de la resistencia de primera línea se le da personería sin tenerla, para dialogar con la institucionalidad de la sociedad, es reconocer un problema real que se salió del cauce jurídico.
Pregunta, se ha podido parar el vandalismo, el saqueo, el incendio, el atraco, el robo o los bloqueos?. No , no se ha podido y se requiere generar hechos administrativos y espacios políticos, para lograrlo.
Jorge Ivan Ospina fue claro cuando a medios nacionales reconoció que la alcaldía por unos días perdió el control y la dirección de la ciudad, Por supuesto que está desesperado, ante todo que en cada sitio de bloqueo, hay muchos actores , no se encuentra con quien dialogar y de esa manera, es loable buscar unificar el diálogo.
Para muchos esto es un acto administrativo ilegal, pero la otra realidad es que hasta tanto no se demuestre lo contrario, tiene presunción de legalidad. Abogados expertos dicen que una demanda con medida provisional para dejar sin efectos el decreto no funciona y sus resultados finales se verán después de cinco años. De otro lado también podría existir denuncias penales contra el alcalde Ospina, que también se podrían dilatar otros cinco años, luego tampoco es solución.
Legitimando los bloqueos: NO
Carlos Javier Soler Parra, nuevo secretario de seguridad y justicia, aclaró que el decreto no legitima los bloqueos, el gobierno distrital se ha comprometido a privilegiar la comunicación verbal, y permanente entre las autoridades, los organismos de control y los manifestantes para la resolución de conflictos, como se fundamenta en el decreto nacional. Todo esto con el objetivo de prevenir hechos de violencia y no llegar al conflicto donde la Policía Nacional tenga que intervenir.
Y precisa que de ninguna manera se ha regulado el Esmad en las protestas pacíficas con el decreto, simplemente se dice que la manifestación pública y pacífica debe ser realizada dentro del marco de la constitución política y la ley en los puntos de resistencia.
La séptima papeleta y su legalidad
Los jóvenes cambiaron a Colombia hace 31 años , con un proceso eminentemente participativo, la Séptima Papeleta fue una respuesta diferente a una sociedad acorralada por el miedo, e intimidación de quienes aplicaban un código del crimen, hecho político para una transformación importante
La Séptima Papeleta ha sido uno de los pocos movimientos ciudadanos que han logrado cambios de fondo en la historia de Colombia , se pegaron a unas elecciones del congreso ( senadores y representantes ) , diputados, concejales municipales, alcaldes y el candidato de un partido; fue el 11 de marzo de 1990 en Colombia, 6 papeletas para 6 elecciones, el movimiento juvenil logró políticamente que los escrutadores permitieran y los ciudadanos votaran por una papeleta adicional sin estar apoyada en normas legales y terminó siendo la más importante.
La 7ª papeleta, impresa en periódicos para que la gente la recortara y la depositara en las urnas de votación, también repartida en andenes, casetas de información electoral y en las calles , decía: “Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo”. Fue promovida en las universidades, por estudiantes, la mayoría de Derecho, en la crisis del gobierno y del estado contra Pablo Escobar y el narcotráfico, tasas de homicidios del 200/100 mil hab. , atentados frecuentes en las ciudades, candidatos para la presidencia asesinados y varios movimientos guerrilleros buscaban desestabilizar al gobierno. Así nació una nueva constitución , murió la del 86 , que otorgó derechos civiles, fundamentales, económicos y sociales, de importancia para el país…
La 7ª papeleta no pudo ser contabilizada por la organización electoral y ni el movimiento estudiantil pudo saber cuántos colombianos presentaron su voto a favor de una Constitución, pero se logró el objetivo; el presidente Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito, en las presidenciales del 27 de mayo, 5.236.863 colombianos lograron una Asamblea Constituyente, y nace la Constitución del 4 de julio de 1991. Así se logró reconfiguración institucional de un estado cuasi fallido, participaron todos los partidos, las guerrillas del M-19 y el EPL, los campesinos, los cristianos, etc. Nació un nuevo contrato social, donde al Presidente Gaviria le faltó impulsar una reforma política y territorial , pues no acabó con el clientelismo y la centralización que están detrás de la gran corrupción y violencia, hoy el problema es igual o mayor. Las FARC y el ELN , guerrillas más poderosas se fortalecieron con el narcotráfico y no entraron al proceso.
Conclusiones sobre el citado decreto
Es una realidad el bloqueo de los jóvenes y ante un estado que no pudo garantizar derechos de los ciudadanos, hay que tratarlo con el diálogo no hay otra alternativa. Y aparentemente se trata de poner en duda, el actuar de la Policía y la Fiscalía, pero se trata de un problema social , que existe, el citado decreto se sale de lo convencional, ante la realidad fáctica juvenil, es una vía política.
El debate jurídico no terminará, el problema de Cali es el más grave de esta generación y debe buscarse la solución en la búsqueda de la convivencia pacífica y la seguridad de los habitantes de la ciudad; si hay una línea entre los que protestan pacíficamente, los que bloquean y se confunden con los que hacen atentados contra los bienes públicos y privados de la ciudad, pero en el fondo el problema social le da a la juventud el carácter de víctimas y por lo tanto es una realidad que la ciudad debe debatir ampliamente y solucionar.
El tema de la Minga indígena es un problema de la ciudad, que si debió ser desligado de este decreto, porque no hace parte del problema estructural de Cali y le genera no pocos detractores.
Y en este conflicto juvenil, debemos leer que el estado se enfrenta a una mesa de 4 patas: Estudiantes, jóvenes desempleados, delincuentes urbanos, con jóvenes mandaderos del narcotráfico y la guerrilla, creció mucho en la llamada 1ª línea , la paz ciudadana debe ser negociada , es un acuerdo entre todos.