Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En alerta roja se encuentra el sistema pensional del país por cuenta de la informalidad, la inequidad y la disminución de la cobertura que alejan a la mayoría de los trabajadores colombianos de la posibilidad real de pensionarse dignamente. Esta circunstancia se agrava aun más en la medida en que existe de manera latente la pretensión del gobierno en asocio con los fondos privados de pensiones, de acabar o por lo menos delimitar al máximo el sistema de prima media que cubre una buena parte de los pensionados o que aspiran a pensionarse.
Por otra parte y frente al problema del cubrimiento de los futuros pensionados se plantea la tesis de elevar la edad y las cotizaciones para pensionarse, con lo cual un gran número de trabajadores no podrían lograrlo en razón a su situación de inestabilidad laboral y la imposibilidad de cubrir con sus precarios ingresos las cotizaciones respectivas, particularmente respecto de aquellos trabajadores informales que no están en capacidad de cumplir con dichos requisitos.
Pero además se propone que para el futuro el monto de la mesada pensional no sobrepase el valor del salario mínimo que siempre está por debajo del costo de la canasta familiar.
Una de las conclusiones a que se llegó durante las deliberaciones del congreso de Asofondos radica en la necesidad de aprobar una nueva reforma laboral que según se dijo ayudaría a resolver los problemas estructurales del sistema y con la cual se aspira a ajustar la contratación laboral a los TLC y a las exigencias de la Ocde.
Ahora bien, el esquema según el cual los trabajadores que obtienen ingresos por debajo del salario mínimo y reciben aportes en función de la capitalización de sus ahorros complementada con una contribución estatal (subsidio), no puede convertirse en la alternativa de solución a la manera de paliativo con los miles de trabajadores que no cuentan con oportunidades de trabajo y que por tanto no podrán nunca pensionarse, mientras centenares de empleados y funcionarios públicos que integran la creciente y abultada burocracia pueden jubilarse con altas pensiones derivadas de los impuestos que pagan los colombianos que viven en lo fundamental de su trabajo.
Está claro que con el aumento de la esperanza de vida se impone la necesidad urgente de revisar los parámetros fundamentales del régimen pensional para mejorarlos y no para convertirlos en un negocio rentable para los fondos privados de pensiones ni para financiar a los contratistas de las obras de infraestructura programadas por el Estado.
A las fuerzas laborales del país y a los ciudadanos en general se les deben garantizar el derecho a participar en la discusión de la nueva reforma pensional pues se trata de un asunto de interés general que compromete a todos por igual y en especial a las nuevas generaciones y por supuesto al gobierno del presidente Santos, obligado a presentar una nueva propuesta acorde con los principios de equidad y justicia social, encaminada a ampliar la cobertura pensional sobre la base de exigirle al gran capital financiero una mayor contribución para el sostenimiento del sistema en donde el trabajo y el derecho a pensionarse dignamente constituyen pilares esenciales del Estado Social de Derecho.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social