Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De acuerdo con nuestro ordenamiento Constitucional Colombia es un Estado social de derecho, siendo uno de sus fines esenciales el de la prosperidad o bienestar general en igualdad de condiciones para todos sus habitantes, independientemente de su sexo, raza, origen familiar, edad, religión e ideología política.
La reflexión que debe hacerse en las actuales condiciones y circunstancias económicas y políticas, es si el Estado colombiano se ha comprometido con la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa, por ejemplo, en materia de ingresos, oportunidades de trabajo, acceso a la propiedad, a la salud y al ejercicio de los derechos políticos no solo en materia electoral sino de participación democrática de los ciudadanos en los asuntos de interés general, a pesar de que dicho compromiso ha sido desnaturalizado y utilizado para acelerar la desigualdad económica y social entre las clases, grupos sociales, al tiempo que ciudadanos pertenecientes a las clases populares y medias se sienten amenazados de perder sus pocos bienes, trabajos y bienestar general.
De acuerdo con el conocimiento y la experiencia práctica e histórica, uno de los mitos de la sociedad capitalista propugnada por los seguidores del reformismo, consideran que el Estado de la prosperidad general se encuentra situado por encima de las clases y capaz de superar la anarquía de la producción y las crisis económicas, liquidar el paro forzoso y asegurar el bienestar de todos los trabajadores, del campo y de la ciudad, mientras se mejoran parcialmente sus condiciones económicas y sociales, sin que con ello se logre acabar con la pobreza y la desigualdad social tal como sucede en nuestro país.
En esencia, el denominado Estado del bienestar general se constituye en un factor tendiente a fortalecer el sistema capitalista y a desarticular la voluntad de quienes luchan por un verdadero cambio social.
Las reformas democráticas, aunque insuficientes, dependerán del apoyo de los sectores populares y medios de la población, las cuales son reducidas a la nada en la medida en que se impone el poder del Estado dirigido por las clases económica y políticamente dominantes, asociadas con los grandes monopolios del gran capital financiero nacional internacional.
Debe decirse que el Estado social de derecho o de la prosperidad general tiende a profundizar las brechas sociales generando un tipo de sociedad en donde existen dos realidades antagónicas y contrarias a los principios y fines consagrados en la Constitución y los convenios internacionales suscritos por el Estado, los cuales hacen parte de la fementida cruzada por la defensa de los derechos humanos y de la democracia disfrazada de participación que se practica en el país.
El hecho de que en la Constitución se establezca que Colombia es un Estado social de Derecho encargado de garantizar la prosperidad general, no deja de ser más que un sofisma de distracción que se utiliza para ocultar las verdaderas causas que originan los fenómenos sociales de la pobreza y la desigualdad social, las cuales no podrán superarse con la implementación de políticas asistencialistas y populistas dirigidas por ejemplo, a elevar en el mejor de los casos los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores y aprobando políticas para favorecer a los pequeños y medianos empresarios con créditos con tasas bajas de interés o entregando auxilios y becas a los estudiantes más pobres o repartiendo tierras a los campesinos para que contribuyan con la sostenibilidad alimentaria y dejen de sembrar coca o marihuana y en general distribuir una serie de beneficios a los sectores más vulnerables de la sociedad en materia de educación, salud, vivienda, etc., sí al mismo tiempo se mantienen las condiciones impuestas por el régimen capitalista que explota económicamente el trabajo de miles de trabajadores y se realizan políticas encaminadas a reproducir y garantizar las ganancias de las clases opulentas y de sus organizaciones monopolistas que no podrán ocultarse con estadísticas amañadas realizadas por el mismo Estado con las cuales se busca justificar las políticas públicas de reducción de la pobreza y la desigualdad social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social