Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A finales del año pasado algunos congresistas y los medios de comunicación presentaron la ley 1995 de 2019 sobre “Normas Catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz, y otras disposiciones de carácter tributario territorial”, como la gran norma legal que por fin ponía límites a¨*l impuesto predial.
Nada más alejado de la realidad y así lo están comprobando los contribuyentes del Impuesto predial con las facturas que empiezan a llegar en las que el impuesto se aumentó considerablemente en relación con el año 2019, que con el incremento del avalúo catastral se convirtió en un impuesto EXPROPIATORIO, con el único propósito de mantener una base gravable alta (valor del avalúo catastral) para conseguir mayores ingresos para los municipios.
En el caso de Cali, la situación ha sido crítica puesto que es la única ciudad de Colombia en la que a los estratos 5 y 6 se les aplica la tarifa mas alta permitida por el artículo 4 de la ley 44 de 1990 que es del 16 por mil para el estrato 6 y el 15 por mil al estrato 5, decisión tomada hace más de una década por el Concejo de la Ciudad.
La ley 44 de 1990 derogada por la ley 1995 de 2019 que regía el catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, obligaba a los municipios a realizar actualizaciones catastrales cada cinco años, medida ésta que se convirtió en un abuso puesto que se utilizó para aumentar el valor del avalúo de los predios, convirtiendo a los propietarios o poseedores en “multimillonarios” por el poder soberano del gobernante, y por consiguiente el impuesto que se viene pagando es muy alto. Una vez realizada la actualización catastral, durante los 5 años siguientes los predios actualizados solo incrementaban el impuesto en una suma igual al IPC porque así lo ordenaba el artículo 8.
El artículo 2 de la nueva ley establece “un límite al Impuesto predial unificado” que será del IPC más 8 puntos, incremento anual muy superior al que tenía la ley derogada. Y así durante 5 años. Es decir, en 5 años el impuesto se aumentará en casi el 50%. Siendo la vigencia de la ley temporal -5 años-, es probable que al momento de su vencimiento se ordene una nueva actualización catastral para aumentar el valor del avalúo.
De manera que para los estratos altos que están en la formación catastral desde hace décadas siendo actualizados cada 5 años, la “medicina” de la ley 1995 de 2019 fue peor que la “enfermedad” es decir, los incrementos anuales del IPC como lo ordenaba la ley 44 de 1990.
En tanto el gobierno nacional no ha cumplido de cumplir con el catastro multipropósitos en el sector rural del país, y es así, que las haciendas, fincas, islas en la costa Atlántica, continúan con un avalúo muy bajo y el impuesto predial que pagan es bajo invirtiendo la pirámide tributaria, poniendo a la clase trabajadora a pagar mayores impuestos frente a quienes realmente tienen grandes capitales representados en grandes extensiones de tierras.
Y así en las ciudades sobre todo en las capitales y en particular Cali, el Impuesto Predial se convirtió en expropiatorio contraviniendo los principios y fundamentos rectores del estado Social de Derecho, con el único propósito de que los municipios recauden mayores ingresos, para que los gobernantes dispongan de ellos libremente sin atender a las verdaderas necesidades de la ciudad de Cali ni de sus habitantes.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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