Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde diversos sectores económicos, políticos y sociales vienen recomendándole al gobierno del presidente Petro que se posesiona el 7 de agosto, el camino que debe seguir en relación con la ejecución de aquellas políticas públicas consignadas en las reformas que eventualmente serían aprobadas por el Congreso de la República, dirigidas a generar las condiciones económicas y sociales relacionadas con el bienestar general de que trata el Estado Social de Derecho en la Constitución Política y con el cual se pretenden superar las falencias derivadas de las políticas neoliberales que han puesto en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, generándose con ello una mayor inequidad y desigualdad social.
En este caso se trata de que el Estado intervenga regulando la economía en tanto que el gobierno deberá realizar acuerdos con el gran capital financiero nacional e internacional con el fin de facilitar la conformación de nuevas empresas garantizando su estabilidad y seguridad política en torno al respeto a la libre competencia y al conjunto de sus derechos y prerrogativas económicas y financieras.
Desde luego que no falta quienes critican al gobierno del presidente electo Gustavo Petro de tratar de imponer una “dictadura alimenticia” al decretar por ejemplo, un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas con lo cual el Estado “castiga a los que las consumen”, limitando de esta manera, el ejercicio de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos sobre la ingesta de dichas bebidas.
Por otra parte, se plantea la necesidad de que exista una transición energética responsable, en tanto que el país viene desarrollando una serie de políticas de reducción del CO2 acorde con los principios de la organización para la Cooperación del Desarrollo Económico Sostenible, además de avanzar hacia los consumos de nuevas formas de energía de acuerdo con la ley de transición energética 2099 del 2021
Así mismo se sugiere la posibilidad de que los consumidores produzcan y consuman su propia energía con base en la construcción de plantas solares o de otras tecnologías en las propias empresas y residencias, lo que presupone de la necesidad de que el gobierno adopte una regulación en este sentido.
Finalmente hay quienes consideran que el nuevo gobierno debe atender las necesidades del pueblo en materia de producción de alimentos, para lo cual se tendrá que adelantar una reforma agraria integral que permita la redistribución de la tierra entre los campesinos hoy en manos de grandes terratenientes y ganaderos.
El cambio del modelo económico y político que propone el gobierno del presidente electo Gustavo Petro ha generado grandes expectativas en el seno de la comunidad y particularmente en amplios sectores populares y medios de la población y no obstante las dificultades existentes en el país y de las contradicciones en un mundo enfrentado a múltiples problemas económicos, políticos, sociales, ambientales, migratorios, que el régimen capitalista no está en condiciones de superar, en tanto se crea en el imaginario colectivo la sensación aparente e ilusoria de poder realizar los cambios que requiere el país, lo cual contribuye a deformar la propia realidad que solo podrá cambiarse cuando las clases y grupos sociales que son objeto de la explotación, la discriminación y la exclusión de la vida política y social estén dispuestos a romper los vínculos que los atan al pasado y que impiden que se pueda construir una nueva sociedad más justa y equitativa contando para ello con la unidad, la organización y la lucha social y política de los colombianos contra el régimen capitalista salvaje que deja en manos del mercado y de los grandes monopolios la existencia y desarrollo de la sociedad.
ADENDA: La propuesta de reforma del Congreso mediante Acto Legislativo conteniendo varias modificaciones relacionadas con la extensión de los períodos de las sesiones ordinarias, el régimen salarial y prestacional de los congresistas el cual no entraría a regir sino a partir del año 2026 con el Congreso que se elija para esa época, la no reelección de sus miembros y la introducción de varias causales de pérdida de su investidura, no les devolverá a los ciudadanos la confianza en dicha corporación, en tanto que la misma ha venido perdiendo peso político en el concierto institucional en la medida en que se concentra y centraliza el poder en el órgano ejecutivo y administrativo del poder público debilitándose con ello el poder legislativo en donde además se aprueban leyes y reformas constitucionales casi siempre impuestas por las clases gobernantes al servicio de determinados intereses económicos y políticos, con lo cual pierde su carácter democrático y representativo en el marco del Estado Social de Derecho. Y de ahí que la reforma a la que se ha hecho referencia no tengan por objeto recuperar su identidad y funciones separadas y de colaboración con los otros órganos del poder público reducidos a un solo poder en cabeza del presidente de la República en representación de las clases dirigentes.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social