Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Estamos llegando al momento decisivo, el gobierno tendrá que decidir si radica o no objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Estoy doblemente convencida de que lo hará.
En otra columna explicaba qué hay temas como el de impedir que los delitos sexuales contra menores de edad sean juzgados por la JEP. Exigir que criminales de lesa humanidad tengan condenas proporcionales a sus crímenes y paguen penas privativas de la libertad aunque sea en colonias agrícolas, haciendo así incompatible la política y la pena, al menos el tiempo de la pena. Exigir que quien incumpla los acuerdos y vuelva a delinquir (salvo delitos culposos) pierda todos los beneficios. Permitir que la Fiscalía avance en las investigaciones de reincidentes y de quienes no se han sometido a la JEP. Construir una justicia justa para los militares, que garantice jueces que conocen el DIH y los manuales operacionales de las fuerzas, cuyo origen no suponga un sesgo contra las fuerzas armadas y que garantice la presunción de inocencia. No permitir que el narcotráfico sea considerado conexo al delito político.
Finalmente el Presidente elegido democráticamente es quien debe definir aquello que es políticamente conveniente para el país. La interpretación constitucional debe avalar varios y amplios modelos de cómo hacer las cosas, dentro del marco de principios. La dirección política de los países corresponde enteramente a quienes representan a las mayorías democráticas.
Más allá de discusiones jurídicas hay aquí un tema de fondo. Quienes ganamos con el No, elegimos a Iván Duque Presidente con el mandato de modificar los acuerdos. Lograr el acuerdo nacional que el presidente Santos no intentó, y que sigue siendo imperativo para el futuro de Colombia.
Coincide el momento con una discusión fundamental para el país ante la Corte Constitucional sobre la posibilidad de utilizar glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
Es claro y es indiscutible que las fumigaciones tienen efectos secundarios y habrá que buscar los mecanismos para minimizarlos, para que se haga de la mejor manera posible. Pero la cuestión no es esa. El narcotráfico y sus cultivos, esos sí que tienen efectos secundarios, consecuencias terribles. Es la mayor causa de violencia en nuestro país. Los mapas muestran el crecimiento del homicidio, de extorsión, del reclutamiento de menores está en las áreas donde están los cultivos ilícitos. El narcotráfico es el peor mal que padecemos.
Si el argumento es que el glifosato mata, el narcotráfico mata mucho más. La cuestión es si sin el glifosato seríamos capaces de combatir el narcotráfico de manera eficiente.
Se apresuran a decir que el glifosato no es una herramienta eficaz. Qué hay resiembra, que en cifras absolutas la erradicación manual y la erradicación voluntaria son más efectivas. Eso es parcialmente cierto. Primero porque no está comparando los costos en miles de millones de pesos ni tampoco los costos en vidas humanas (de la erradicación manual forzada). El aumento de la productividad de los cultivos en un 347% entre el 2013 y 2017. Pasamos de 3 a 6 cosechas al año. Esa productividad disminuye con la fumigación.
El narcotráfico no se combate con una o dos herramientas. Se necesita una batería que empieza por golpear las finanzas, con fumigación, erradicación, incautaciones… Amedrentamiento con extradición y persecución de los cárteles. Separación y aislamiento con los programas sociales para quitarles las comunidades que dependen económicamente de esas estructuras criminales.
Le pedimos desde estas líneas a la Corte Constitucional que deje que el Gobierno del Presidente Duque tenga las herramientas para dar la batalla en contra del narcotráfico con todas las posibilidades. Colombia debe ganarle al narcotráfico. Tenemos que construir un mejor futuro.