Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El primer proyecto de presupuesto general de la Nación presentado al Congreso de la República por el gobierno del presidente Duque para la vigencia fiscal del 2020 aforado en 271,7 billones de pesos, no le permitirá un manejo flexible, amplio y suficiente de las partidas presupuestales en materia de ingresos y gastos y como en años anteriores no constituye una herramienta eficaz para cubrir el inmenso faltante de 8 billones de pesos, que se busca cubrir con el recaudo de los impuestos que ha comenzado a disminuir, con los recursos de capital provenientes del banco de la República que se contabilizarán como ingresos corrientes, además de los recursos del crédito que le permitirá al Estado emitir bonos de deuda pública rembolsables en pesos o en dólares con lo cual se incrementará el endeudamiento.
Esta situación se ha convertido en una práctica habitual en la medida en que crecen de manera desproporcionada la deuda pública y el pago de la misma, equivalente en esta vigencia fiscal a 59.2 billones de pesos, a lo que deben sumarse los gastos militares estimados en 35.7 billones de pesos y el funcionamiento de la burocracia estatal calculado en 172 billones de pesos, afectándose con ello la inversión social en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento básico, agua potable vías terciarias, etc., quedando muy pocos recursos para impulsar el crecimiento y desarrollo económico de la mano de la industrialización del país con miras a incrementar la producción nacional y a superar los desequilibrios relacionados con el intercambio comercial que conllevan a la acumulación de un gran déficit en la balanza comercial y de pagos.
De esta manera se afectan las finanzas del país las cuales vienen agravándose con la creciente importación de toda clase de productos, bienes y servicios del exterior colocando en desigualdad de condiciones a los productores colombianos que no pueden competir con sus productos en el mercado interior.
El hecho real es que muchos de los planes y programas pendientes en materia de infraestructura e incluso de carácter social se verán muy limitados pues el Estado no dispone de los recursos suficientes para atender su cumplimiento acorde con las promesas de campaña y los discursos grandilocuentes del presidente, matizados con una aparente realidad que tan solo existe en los propósitos y las partidas que ilustran el flamante presupuesto nacional.
Esta situación tiende a agravarse en la medida en que los congresistas en medio de la campaña electoral de octubre y con ocasión de la discusión del presupuesto, aprueben ciertas partidas con destino a las entidades territoriales en donde apoyan a determinados candidatos a ocupar los cargos de representación popular (alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas), lo que por supuesto tan solo generará beneficios para los grupos y partidos políticos interesados en reproducirse en el poder de manera indefinida.
Por otra parte, está claro que la tendencia consiste en incrementar los impuestos a los sectores medios de la población que en lo fundamental viven de su trabajo, al tiempo que se reducirá el gasto social con las modificaciones al régimen de las transferencias para las regiones o para atender el gasto en pensiones, salud, vivienda, etc.
Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de financiamiento que constituyen con la nueva ley del presupuesto nacional los instrumentos claves para cumplir con los mandatos impuestos por la Ocde, el Banco Mundial y el FMI, en un país que como Colombia, su clase dirigente solo piensa ni actúa en función de acumular cada vez mas la riqueza social en asocio del gran capital financiero nacional y transnacional, vinculado con la economía extractiva, la gran producción agroindustrial, la maquila de productos intermedios, la prestación de los servicios públicos, la contratación oficial de grandes obras de infraestructura, la especulación financiera, el comercio de bienes y servicios tecnológicos, financieros, etc., que gozan de un sinnúmero de exenciones, deducciones, subsidios, reducción de los impuestos de renta, patrimonio y utilidades, con lo cual incrementan sustancialmente sus ganancias, mientras la economía del país se estanca o crece por debajo de los niveles esperados y de las necesidades materiales y espirituales de los colombianos, en medio de un proceso económico y político cada vez mas dependiente y desigual.
Así las cosas, lo consignado en el proyecto de Presupuesto nacional que finalmente será aprobado por el Congreso con algunas modificaciones, conjuntamente con el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de Financiamiento nos permite vislumbrar el camino que seguirá el presidente Duque a lo largo de su mandato, orientado a satisfacer las demandas de un sector económico exclusivo de la sociedad colombiana que ha venido lucrándose con la explotación del trabajo de cientos de miles de hombres y mujeres que laboran en las ciudades y en el campo y del aprovechamiento de las riquezas naturales en detrimento de la nación y de los colombianos que en su mayoría continúan empobreciéndose, aumentándose con ello la desigualdad económica y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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