Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La legalidad es un concepto jurídico estatal cuya esencia radica en la observancia, cumplimiento y aplicación rigurosa y constante de la Constitución y de las leyes del Estado válida para todos los órganos y funcionarios públicos, las organizaciones políticas y sociales y el conjunto de los ciudadanos.
No obstante, la proliferación de leyes y de actos normativos no son garantía de la observancia del principio de legalidad, particularmente tratándose de aquellos Estados en los que predomina un régimen fascista o autoritario.
El principio de legalidad se encuentra estrechamente ligado con los conceptos de Estado de Derecho, orden jurídico, creación de normas y del concepto de democracia, aunque no siempre presupone su incorporación.
Toda violación de la ley atenta contra la estabilidad jurídica del Estado y de la sociedad con graves consecuencias para el imperio de la legalidad y de la democracia. En las condiciones de la sociedad capitalista en crisis, el principio de legalidad también entra en crisis en la medida en que las clases dirigentes procuran evadirse de aquella cuando se vuelve incómoda para la defensa de sus intereses económicos y políticos decidiéndose a utilizar métodos autoritarios de gobierno con los cuales se restringen los derechos y libertades de los ciudadanos, particularmente de aquellos que se oponen al gobierno o al régimen existente.
La crisis de la legalidad se manifiesta de diferente manera, ante todo cuando se enviste a los órganos ejecutivos de la posibilidad de crear normas jurídicas con fuerza de ley al margen del Congreso de la República a partir de la denominada legalidad adjunta, con la cual se transfiere el poder legislativo al gobierno, e incluso a determinados ministerios. De esta forma, la ley pierde su carácter democrático y representativo en tanto que el principio de legalidad se desnaturaliza en poder de los órganos ejecutivos para garantizar los intereses de los monopolios y de aquellos sectores políticos afectos al régimen, especialmente en época electoral con lo cual el partido de gobierno se beneficia con los decretos, leyes y demás normas jurídicas.
En algunos Estados capitalistas existen algunos órganos de supervisión del cumplimiento de las normas constitucionales y legales, cuya tarea consiste en interpretar y comprobar si las leyes que se aprueban en el órgano legislativo concuerdan o no con la Constitución, en un ejercicio que tiende a que todas aquellas leyes que no satisfacen los intereses del gran capital financiero y de sus agentes políticos deben ser declaradas inconstitucionales, con lo cual dicha organización de supervisión se coloca por encima del poder legislativo. Diversos órganos administrativos son investidos de funciones judiciales sustituyéndose de alguna manera a los órganos encargados de administrar justicia y socavándose de esta forma el principio de legalidad.
Nuestro país no es ajeno a dichas prácticas con las cuales se vulnera la legalidad existente. Circunstancia esta que se presenta por ejemplo, cuando el presidente de la república amparándose en la emergencia económica decretó nuevas reformas al estatuto tributario ó, cuando la Corte Constitucional “legisla” en materias como el aborto o cuando el Congreso ordena suspender la aplicación de la ley de garantías con la discusión y aprobación del presupuesto nacional para beneficiar a los contratistas que financian las campañas electorales.
Igualmente atentan contra la legalidad aquellos ciudadanos que ejercen justicia de mano propia ante la ineficacia de las autoridades y el ejercicio de una pronta y cumplida justicia contra los infractores de la ley.
El afianzamiento de la legalidad depende en gran medida de la eficiencia del derecho con la elaboración de acciones judiciales y leyes que identifiquen las necesidades e intereses de la sociedad, lo que implica además, que los ciudadanos también tienen la obligación moral y jurídica de cumplir con los deberes derivados de la Constitución y de las leyes, al tiempo que dicha legalidad desaparece si las autoridades las infringen ya sea por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
La perseverancia de la legalidad presupone el reconocimiento de la supremacía de los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución y en las leyes sobre cualquier actuación de los órganos e instituciones del Estado sin ninguna excepción. Este requerimiento exige la ligazón indisoluble con la democracia participativa y decisoria y con amplias garantías de derechos y libertades.
Igualmente la represión y las transgresiones de la legalidad deben ser objeto del descubrimiento, averiguación e información oportuna de ésta, a fin de garantizar la estabilidad y el afianzamiento de la legalidad conjuntamente con el examen concreto y oportuno de las quejas y denuncias interpuestas por los ciudadanos ante las autoridades competentes.
Así mismo, la supervisión y control de la legalidad constituyen un deber y una obligación de aquellos órganos del Estado encargados del cumplimiento de sus funciones para tal fin, y de las organizaciones sociales a las cuales corresponde igualmente la observancia constante de las leyes y demás actos normativos, siendo necesario contar con las garantías socioeconómicas, políticas, jurídicas e ideológicas para garantizar real y materialmente la defensa de la legalidad y con ella el fortalecimiento del Estado y del Derecho como elementos fundamentales de la evolución y desarrollo de nuevas formas de sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social