Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El Concejo Municipal acaba de aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo No: 088 mediante el cual la administración pretende recaudar $1.4 billones con el fin de que el MIO “cuente con recursos suficientes” -según palabras del alcalde- los cuales provendrán de diversas fuentes de financiamiento relacionadas con el cobro de una contribución por el parqueo en la vía pública y en parqueaderos privados, además del cobro de una tasa por congestión o contaminación que le permitirá a los conductores circular en el día con pico y placa. Conjuntamente con dichos gravámenes se reordenarán los impuestos de rodamiento, circulación, derechos y servicios de tránsito y uso de los patios del tránsito Municipal.
La aprobación del mencionado acuerdo no solo ha suscitado toda clase de controversias sino que además podrá ser demandado por ilegal pues el cabildo municipal no puede imponer gravámenes de ninguna especie a menos que este autorizado en la ley.
En esta ocasión el Concejo Municipal apoyándose en la ley del Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Santos, pretende extender arbitrariamente sus efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio para imponer el cobro de varias tasas y contribuciones, lo que a nuestro juicio constituye un abuso del derecho que linda con la extralimitación de funciones de que trata la Constitución Política.
Pero además no es del todo cierto de que por este camino se pueda garantizar la sostenibilidad del MIO que hoy atraviesa por una verdadera crisis económica, financiera, técnica y operativa, que no se podrá superar inyectándole al sistema mas recursos, si antes no se procede a su reestructuración total e integral, a lo cual el alcalde y el presidente de METROCALI se han negado a hacer en la creencia equivocada de que el tratamiento y solución de la crisis depende exclusivamente de que el MIO cuente con recursos que ya no se obtendrían de las cuentas de libre disposición del presupuesto municipal.
Lo grave del asunto es que el alcalde prevalido de las facultades que le entregó el Concejo Municipal haga efectivo el contenido de dicho acuerdo, que no obstante estar amparado con la presunción de legalidad, ha generado el rechazo de la comunidad caleña a la cual se le trasladará el valor de los nuevos gravámenes, con los cuales se solventará la situación económica y financiera de los operadores del sistema, endeudados con el sector financiero.
Siempre hemos afirmado que el municipio no puede ni debe subsidiar a los operadores del MIO de manera indefinida y menos aun si dicha operación se encuentra en manos privadas y por tanto los riesgos del negocio deben ser asumidos por aquellos.
Por otra parte resulta por lo demás paradójico que sobre la administración municipal se descargue todo el peso de la responsabilidad de un servicio público cuya operación ha sido privatizada y de paso resulte con que el municipio tendrá que pagar a uno de los operadores mas de Ciento Diez Mil Millones de pesos con base en la condena proferida en contra de METROCALI por un tribunal de arbitramento que seguramente quedará en firme después de agotadas las instancias correspondientes.
Así las cosas las cuentas alegres del alcalde Armitage y del presidente de METROCALI lejos de ajustarse a las condiciones reales en que se presta el servicio de transporte masivo, no son mas que una forma de ocultarla, con argumentos fantasiosos que los ha llevado a creer que se podrán recaudar los recursos esperados y así resolver los problemas del sistema, que puede terminar interrumpido sino se hace lo urgente y necesario para mantenerlo y mejorarlo para bien de los caleños y de la ciudad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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