Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde el Ministerio del Trabajo se afirma que el gobierno del presidente Duque se propone promover y formalizar el denominado “trabajo decente”, que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, al tiempo que se impulsará la inclusión laboral como instrumento fundamental para atacar la inequidad y cerrar así las brechas sociales. Se trata además de impulsar la productividad del trabajo y la competitividad de las empresas, ya que sin estos dos factores no sale adelante el trabajo decente (El Tiempo, octubre 11-2018, pág editorial).
No obstante el carácter conciliador del discurso de la ministra del trabajo que considera que el rostro humano de la globalización capitalista es el trabajo decente, es necesario precisar que con el auge de las políticas neoliberales que privilegian la economía de mercado y que tienden a reducir el tamaño del Estado del Bienestar General, se abre paso la tendencia a restringir los derechos de los trabajadores, en tanto que los más fervientes y furibundos neoliberales se aprestan a plantear un conjunto de reformas encaminadas a reducir los salarios y sus prestaciones sociales, a limitar el acceso a las pensiones y a la seguridad social integral, tal como se sugiere desde algunos sectores gremiales con lo cual resulta imposible convertir en realidad en trabajo decente la actividad laboral, cuyo objetivo principal es estabilizar el modelo económico y político aplicado en Colombia y que en la práctica se ha convertido en un obstáculo del progreso social y del bienestar general de los colombianos, que viven en lo esencial de su trabajo transformado hoy en una carga y en una obligación forzosa en cabeza de cientos de miles de hombres y mujeres que no tienen mas opción que vender a cualquier precio y empresario su fuerza de trabajo, de los cuales se vuelven dependientes, ya que su vida y la de su familia dependen de su salario, particularmente en épocas de crisis en las que crece el desempleo e incluso se remunera por debajo del salario mínimo.
Entre tanto las personas que están trabajando en las empresas privadas o en las agencias del Estado son despedidas en cualquier momento, circunstancia esta de la cual se aprovechan empresarios y agentes del sector público para incrementar la explotación económica del trabajo, pagando salarios de hambre, aumentando la jornada de trabajo e intensificando la actividad laboral, lo que por supuesto constituye una conducta contraria a lo establecido en las leyes y tratados internacionales impidiendo de esta manera, que el trabajo sea una cuestión de honor y dignidad de cada individuo. En este sentido lo expresado por la ministra en cuanto a la formalización del “trabajo decente” no es más que una ilusión que nos aleja de un futuro promisorio, justo y equitativo.
A todo lo anterior habrá que sumarle en este debate lo relacionado con la situación de discriminación en el trabajo que viven las mujeres, que además de la desigualdad en que se encuentran respecto de los hombres, trabajan más por menor ingreso, mientras que la mayor parte de los jóvenes no encuentran trabajo ni tienen la posibilidad de capacitarse en un mundo en donde con la introducción de nuevas tecnologías se reemplaza el trabajo vivo de cientos de trabajadores que pasan a formar parte del ejército de desempleados.
Y de ahí que los conceptos de igualdad y libertad de contratación laboral que devienen en general del aparente intercambio equivalente de mercancías originado de la compra y venta de la fuerza de trabajo y del pago de un salario como contraprestación, no permitan concluir, que el trabajo decente constituye un valor esencial y universal que garantice dichos principios en las condiciones de la globalización capitalista.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social