María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El Congreso de la República se anotó un nuevo hit con la aprobación de la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos en Colombia. Sí, quienes han actuado a espaldas de la Ley para llenarse los bolsillos con el dinero de la salud, la educación, la infraestructura, la alimentación escolar y el desarrollo social del país, no serán tratados con más condescendencias.
La iniciativa aprobada en el Legislativo prohíbe la casa por cárcel cuando: “haya acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio en los delitos que afecten el patrimonio del estado”.
Esto pone un ‘tate quieto’ a los que han burlado a la justicia con acuerdos judiciales que al final terminan en penas irrisorias y, peor aún, con el privilegio de pagarlas en sus casas y no en la cárcel como es debido.
Pero además, el proyecto aprobado introduce la inhabilidad para aquellos contratistas condenados por corrupción de volver a contratar con el Estado, y en caso de estar ejecutando algún contrato tendrán que cederlo. Si es condenado por actos de corrupción no recibirán indemnización por dicha cesión.
De otro lado, es importante resaltar que durante la discusión del proyecto de ley radiqué una proposición, aprobada por unanimidad, en la que los condenados por corrupción también sean inhabilitados para ser docentes en escuelas o instituciones de educación superior.
Este proyecto de lucha contra la corrupción, a un paso de ser Ley de la República, presentada por el Gobierno Nacional en septiembre del año pasado, se suma al interés que ha mantenido el Partido Centro Democrático de combatir este flágelo. Fue así como este año y por tercera vez, radicamos con el expresidente y senador Álvaro Uribe, un proyecto de ley que contempla la sanción social a los corruptos, incentivos para delatar, y la eliminación de beneficios como la casa por cárcel y la rebaja de penas.
Vamos a las cifras. La Contraloría General de la Nación estima en $50 billones al año las pérdidas de recursos del Estado por la corrupción. Y de acuerdo con los resultados de la 10.º edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, en Colombia el 94% de los encuestados considera que este flagelo es uno los problemas más graves del país. A renglón seguido, la encuesta indica que la percepción de los colombianos frente a la corrupción en las Instituciones colombianas deja mal parados a los congresistas, considerados, con un 64%, como las personas más salpicadas por esta conducta ilegal.
Si bien la percepción del 52% de los encuestados es que los casos de corrupción han aumentado, también un 40% destacó la mano firme con la que está actuando el Gobierno Nacional para combatir este delito.
Ante este panorama, el mensaje al país no puede seguir ser siendo que ser corrupto paga y que reina la impunidad. Es cierto, no hay una barita mágica para resolver los problemas de corrupción, pero sí debe existir una cultura de cero tolerancia con este delito. Es por eso que seguiremos articulando esfuerzos que promuevan la ética, las buenas costumbres y las rectas actuaciones tanto en la política como en la administración pública.
La corrupción es una “plaga” que a lo largo de los años no solo ha desgastado al sistema judicial, sino que ha enlodado la imagen de un país aguerrido y trabajador con entramados como los carteles de la alimentación escolar, de los enfermos mentales y la hemofilia, de la infraestructura vial, y de las regalías.
Por eso como bien lo dijo el presidente Iván Duque: “Colombia tiene tres grandes ismos que hay que combatir con toda la contundencia: el clientelismo, el populismo y el amiguismo”, y así lo seguiremos haciendo.