Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La crisis económica, política social e institucional en la ciudad, ha llevado a que un sector de la población conforme grupos específicos encaminados a defender sus intereses particulares, siendo ésta una forma de dividir a la comunidad que podría organizarse y unirse en defensa de los intereses comunes de toda la sociedad.
Este hecho impide que los ciudadanos al hacer el análisis de los problemas que los aquejan profundicen en sus causas reales, quedándose únicamente en el examen superficial de los fenómenos que se producen a su alrededor.
en medio de la crisis institucional que se ha generalizado en todo el país y en particular en la ciudad de Cali y que a las propias autoridades muy poco les interesa resolver
Esta circunstancia se repite en medio de la crisis institucional que se ha generalizado en todo el país y en particular en la ciudad de Cali y que a las propias autoridades muy poco les interesa resolver y menos aún, promover la discusión amplia por todos los sectores sociales para que estos decidan, en una verdadera participación ciudadana.
Dos hechos ocurridos en la última semana en la ciudad encajan dentro de este proceder dejando de lado aspectos que no han sido evaluados de manera objetiva e integral, a pesar de que ha estado de por medio la seguridad de las personas en el caso de lo ocurrido en el palacio de justicia, y en el otro caso, respecto de la movilidad urbana en el sector de la carrera 34 con calle 5 que conduce al parque del perro, en donde se construirán varias obras en detrimento del espacio público que desmejorará la calidad de vida de sus habitantes, con el parque lineal.
resulta lamentable que en este momento se le de mayor importancia al simple cambio de los ascensores, cuando existen otros problemas que también tienen que ver con la seguridad de los abogados
En relación con la situación que se vive en el palacio de Justicia, resulta lamentable que en este momento se le de mayor importancia al simple cambio de los ascensores, cuando existen otros problemas que también tienen que ver con la seguridad de los abogados, USUARIOS de la justicia, empleados y funcionarios de la rama judicial, relativos a la inexistencia de ciertos recursos como escaleras auxiliares externas para evacuar a las personas en caso de presentarse un incendio, un sismo o un acto terrorista, etc., en el entendido de que son las autoridades encargadas de la administración del edificio las que deben prever y prevenir una eventual tragedia como la ocurrida recientemente.
Pero además se debe advertir que dicha situación se puede presentar en algunos de los edificios en donde opera el servicio público de justicia, que por lo demás demandan de costosos arrendamientos y del pago de servicios públicos domiciliarios.
El otro aspecto al cual no se le ha dado la importancia del caso, tiene que ver con la decisión del alcalde Armitage de intervenir la carrera 34 con calle 5 para transformarla en un sector especial sobre la base de limitar a dos carriles la movilidad que hoy se realiza en cuatro carriles hasta llegar al parque del perro, la construcción de vías peatonales y ciclorrutas que generarán un grave problema de tránsito y de congestión de los vehículos que por allí circulan, produciéndose con ello un gran trancón que desde ya los vecinos del sector consideran como un error en materia de planificación urbana, privilegiando a propietarios y comerciantes del sector aunque con ello se pasen por alto la defensa del espacio público, del medio ambiente, del paisaje y la movilidad, en favor de los intereses particulares de sectores económicos y sociales que han venido presionando a la administración para lograr dicho objetivo.
no se aplica el principio de precaución cuya omisión implica responsabilidades a cargo del Estado que conllevan al pago de millonarias sumas por indemnizaciones
En ambos casos -el palacio de justicia y el parque lineal del Sur-, no se aplica el principio de precaución cuya omisión implica responsabilidades a cargo del Estado que conllevan al pago de millonarias sumas por indemnizaciones en favor de las victimas en el primer caso, y sobre costos económicos con deterioro de la movilidad en el segundo de los casos, que salen del bolsillo de los contribuyentes que pagan sus impuestos directos e indirectos.
La solución a estos problemas no puede depender de los gustos o deseos de un sector social, sindical o gremial, estando de por medio la defensa de los intereses generales de la comunidad caleña, a la cual las autoridades deben garantizar su participación en los destinos de la ciudad y no como ha venido sucediendo hasta ahora con la implementación de soluciones parciales que en muchos casos no contribuyen a solucionar los problemas sino a empeorarlos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social