Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Nos enluta la muerte de 20 jóvenes, asesinados con un terrible atentado terrorista. Jóvenes inermes, estudiantes, en una escuela, llenos de porvenir y con el empeño de servirle a la patria.
Habría que guardar silencio en el resto de este escrito para transmitirle a sus familias y amigos nuestras condolencias y respeto. Sin embargo, para contribuir en la búsqueda de justicia para los responsables de esta atrocidad, debemos avanzar en el debate.
Hoy los terroristas que se han declarado responsables del atentando, sostienen que sus cabecillas -que estaban en Cuba en una mesa de negociación con el Gobierno- tienen que poder volver a Colombia escoltados por el Estado y tener el tiempo para esconderse. Con muy buen criterio, el Presidente Iván Duque ha dicho que este protocolo hasta ahora secreto, es inaplicable.
Entiendo a quienes les preocupa que se incumpla la palabra empeñada por el gobierno Santos. Un Estado debe cumplir lo que dice, en eso estamos de acuerdo. Pero miremos el asunto despacio. En este caso hay dos palabras empeñadas, una a los miembros del ELN para que si había discrepancias en la mesa y esta se levantaba, habría un protocolo para que los negociadores volvieran a Colombia. Otra, refrendada por las urnas, donde el ahora Presidente se comprometió a que no habría impunidad para terroristas. Así las cosas, ¿cuál palabra debe cumplir el Estado? ¿La empeñada con el confeso grupo terrorista ELN o con los ciudadanos de Colombia? Es claro, que este último compromiso, votado en nuestra democracia, es superior al primero.
Sostienen también que no se trata solo de la palabra empeñada ante el ELN sino ante los países garantes y que por lo tanto, es un compromiso internacional. A este se contrapone el compromiso en tratados y resoluciones de la ONU de luchar contra el terrorismo, uno de los más difíciles flagelos que enfrenta el mundo. En mi opinión, nadie entendería que amarrado a un protocolo se violenten tratados internacionales. Nadie entendería que los confesos responsables de esta atrocidad, que clasifica entre los 50 peores atentados del mundo, puedan salir rampantes de Cuba.
Por otro lado, la sola confesión del ELN de su responsabilidad en el acto terrorista dio lugar a la emisión de nuevas órdenes de captura de sus cabecillas, por este hecho. Aún cuando las anteriores hubieran sido suspendidas, esta nuevas están vigentes. No se me ocurre cómo o porqué el Gobierno pudiera suspenderlas. ¿Cómo interpretaría el mundo que un gobierno levante las órdenes de captura contra los responsables de este acto terrorista, recién sucedido? ¿No sería aquello una afrenta a la comunidad internacional comprometida con la lucha contra el terrorismo?
No imagino a ningún país solicitándole al gobierno que levante las órdenes de captura -recién emitidas- contra los cabecillas de la organización responsable de la muerte de 20 jóvenes estudiantes colombianos.
Aún más, hay una razón política de fondo. No podemos aplicar esos protocolos, porque los violentos deben entender muy bien al nuevo gobierno. Este gobierno no va a negociar con violencia. El cese al fuego unilateral es requisito indispensable para cualquier negociación. Pero esto no solo hay que decirlo, hay que probarlo. Si queda margen de interpretación de que la violencia sirve para presionar al gobierno, de que la violencia puede escudarse o esconderse en protocolos o discursos políticos; no solo el ELN sino todas las organizaciones al margen de la ley buscarán la violencia como medio de presión al Gobierno.
Si como espero, nuestro Presidente pone presos a los cabecillas del ELN, habremos avanzado mucho. Todos los violentos entenderán que nada, nada, nada sirve para esconder a los responsables y que este gobierno actuará con toda contundencia contra los violentos. Eso salvará muchas vidas.
En mi opinión quienes pretenden amenazar diciendo que si no se negocia, sino se permite la impunidad de los cabecillas del ELN, va a generar más violencia; están llevándonos por el camino de aumentar los ataques. Los grupos ilegales entenderán que pueden amenazar y que entre más violentos sean más posibilidades tendrán de avanzar en sus agendas. Seamos muy claros, en este gobierno, en el Gobierno de Iván Duque, del Centro Democrático, la violencia no se excusa, no se justifica, ni se admite. Quien la utiliza queda por fuera de cualquier entendimiento con el Gobierno. Mano firme. Habrá eso si generosidad para quienes opten por cesar actividades criminales, encontrarán en el Gobierno disposición y ánimo para dialogar y concertar. Corazón grande.