* Carlos Enrique Botero Restrepo
El POT versión 2000, introdujo en su Artículo 29 su concepción y propuesta de Centralidades. Se fundamentaba la idea en la necesidad de distribuir de manera equilibrada en el territorio urbano, centros de actividad y servicios a la comunidad que facilitaran su acceso y disponibilidad por proximidad, sin tener que recorrer grandes distancias como lo demandaba ir hasta el centro tradicional -centralidad de primer orden-, cuya función sería entonces complementada por las de segundo y tercer orden.
Las llamadas centralidades resultaron caricaturas de intervención urbanística
Dieciséis años después, las llamadas centralidades resultaron caricaturas de intervención urbanística en los sectores seleccionados para el efecto. Dice el Artículo 29, entre otras cosas, que con la propuesta se contará con las centralidades de segundo orden “…como elementos que contribuirán a que ciertas actividades se distribuyan equilibradamente en diferentes sectores de la ciudad, disminuyan la congestión en el centro tradicional y proporcionen acceso a bienes y servicios más próximos a los habitantes de las distintas piezas urbanas.”
Baste citar dos de las seis que identifica el Acuerdo, la llamada Centralidad Direccional Lili y la de Imbanaco, dos botones de muestra de la farsa cometida, nunca evaluados los resultados con respecto a los sanos propósitos que fundamentaban la propuesta.
De la primera queda el generalizado cambio de usos de suelo que convirtió en zona comercial la calle 16 entre la carrera 100 y la Quebrada Gualí, las carreras 100, 102, 103 y 105 entre calles 13 y 16, con progresivas extensiones hacia el interior de Ciudad Jardín, ofreciendo ahora una colorida variedad de locales comerciales muy sofisticados, con abundancia de restaurantes, tiendas de ropas y concesionarios de vehículos de alta gama. Lo malo del asunto –además de la definitiva desaparición de la vivienda unifamiliar que caracterizaba a esa especie de “sueño suburbano norteamericano”- es que en la operación no sólo no se generó un solo milímetro de espacio público básico para la movilidad en una urbanización que nunca tuvo andenes, ni de espacio público efectivo –con el probable argumento de que de toda el área urbana de Cali la Comuna 22 es la que más oferta de esta clase tiene-. Aún más, los antejardines se convirtieron en su totalidad en estacionamientos para los vehículos de los usuarios, propietarios y administradores de los comercios. En condiciones mínimas de civilidad esto sería considerado un verdadero crimen, un delito contra los más elementales derechos ciudadanos por una movilidad peatonal segura.
Centralidad de Imbanaco, sirvió para institucionalizar la invasión del espacio público
La segunda, la Centralidad de Imbanaco, sirvió para institucionalizar la invasión del espacio público en el sector –uno de cuyos actos se comentó en columna anterior: el caso de la desafectación de espacio público para posibilitar el acceso vehicular al almacén Éxito de San Fernando- con la licencia de construcción para la ampliación de la Clínica en predios del antiguo Instituto Oscar Scarpetta. La alta calidad de los servicios clínicos parece que relevó a sus propietarios de la obligación de ceder espacio público suficiente para mitigar los impactos urbanísticos que por el incremento de actividades en el sector circundante se generaron sin control posible. Ni siquiera un paciente en silla de ruedas puede ingresar en condiciones mínimas de accesibilidad por la puerta principal.
Alguien, en el proceso de evaluación de la experiencia del POT modelo 2000, evaluó estos desarrollos en el proceso de reformulación en el 2014 del documento básico del desarrollo territorial?