Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Muchas son las expectativas que existen en torno a la elección del próximo alcalde y de los concejales para la ciudad de Cali. Y no es para menos, pues el tratamiento que los gobernantes han dado a los problemas de la ciudad y aquejan a los caleños, demandan de una nueva política en materia de desarrollo urbanístico, control del espacio público, empleo, seguridad, servicios públicos, salud, educación, vivienda, etc.
Lo peor que les pudiera pasar a los caleños sería que se continuara recorriendo el mismo camino de los anteriores gobernantes que muy poco contribuyeron a resolver los problemas, definiendo el destino de la ciudad por cuenta de unos dirigentes incapaces, sin visión de futuro de la ciudad y sumergidos en la politiquería y la corrupción.
Estas circunstancias han generado en el seno de la comunidad caleña un sentimiento de incertidumbre y desconfianza, aparejado con la pérdida del sentido de la solidaridad y de la cooperación para la solución de los problemas comunes de la ciudad y de sus habitantes.
Aunque todo esto puede cambiar para ello es necesario que cambien las condiciones que han determinado dicha situación, para lo cual es menester la participación de los caleños en las decisiones que se toman desde las alturas del poder afectando los intereses de su inmensa mayoría, a quienes se les niega la oportunidad de intervenir en los asuntos de interés general que gravitan sobre la ciudad y su gente.
En esta oportunidad y con ocasión del debate electoral es necesario que los caleños asuman un papel protagónico como actores y autores de su propio destino histórico, además de elegir a aquellos candidatos (alcalde y concejo) que en verdad representen y defiendan el interés general como lo ordena la Constitución Política y no a aquellos que de palabra dicen representarnos pero en la práctica aparecen atados por miles de lazos con los grupos de interés que tradicionalmente han dirigido a la ciudad.
Así las cosas, es tiempo de que los caleños no se dejen seducir con los discursos grandilocuentes y promeseros de algunos candidatos cuyo interés particular o de clase se encuentra disfrazado de interés general.
Ahora bien, en este caso debe exigirse a los candidatos a la alcaldía o a la corporación edilicia que no solo den a conocer sus propuestas a sus potenciales electores, sino que además posibiliten los espacios de discusión de las mismas y no como sucedió en el pasado con los candidatos que impusieron sus propuestas bajo la consigna de estar defendiendo los intereses comunes de los caleños, todo lo cual es opuesto al ejercicio de una verdadera democracia participativa y decisoria.
Entre tanto la nueva administración no solo debe garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos sino que además tendrá el deber de perfeccionar las formas y métodos democráticos de dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos públicos y de interés general como la mejor manera de afrontar la crisis generalizada por la que atraviesa la ciudad y a fin de rescatar el carácter cívico y solidario de los caleños que en el pasado fue apreciado como un gran valor distintivo de la mayoría de sus habitantes.
ADENDA: La ciudad de Cali con su alcalde Jorge Iván Ospina poseen el récord con respecto a las demás ciudades del país incluyendo a la capital de la república, de tener la más alta contratación de prestación de servicios que en el 2022 ascendió a 12.400 contratos suscritos con personas naturales conformando lo que se denomina la nómina paralela de la cual se nutre la clientela política, que es utilizada electoralmente para respaldar el candidato o candidatos a la alcaldía o al concejo distrital.
Esta práctica recurrente es característica del denominado “Estado contratista” a través del cual se despilfarran los recursos del erario público en asuntos no prioritarios, dejándose de realizar obras esenciales para el desarrollo de la ciudad, fomentándose con ello un tráfico de influencias de carácter burocrático que maneja el ejecutivo sin mayores limitaciones poniendo en tela de juicio la eficiencia y la moralidad de la función pública.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social