Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La crisis de la institucionalidad colombiana se encuentra ligada con la crisis de la clase dirigente que ya no cuenta con la vitalidad política para dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad, sin tener que acudir al uso de ciertos medios con los cuales se viola la propia legalidad, debilitándose cada vez mas el poder en su conjunto y afectando con ello su legitimidad ante los ciudadanos que ya no creen en las instituciones liberales al servicio de los intereses de los potentados que gozan de infinidad de prebendas y privilegios.
Dicha crisis se rebela a través del aparato congresional integrado por diversos exponentes de la clase dirigente a nivel nacional y regional, entre los cuales se encuentran terratenientes y voceros del gran capital financiero, políticos profesionales, y propietarios de medios de comunicación, que si bien es cierto son elegidos por el pueblo, no representan ni defienden mas que sus propios intereses, en tanto aprueban leyes y reformas constitucionales impuestas por los monopolios, lo que hace que dichas disposiciones normativas pierdan su carácter democrático y no estén dirigidas a lograr el bienestar general para los colombianos.
Por otra parte, dicha institución ha venido perdiendo peso político en la medida en que se refuerza el poder presidencial a través del cual se estrechan los vínculos entre el gobierno y los representantes de los monopolios, lo cual se manifiesta con la presencia de funcionarios que pasan directamente del sector privado al ejecutivo y viceversa, tal como sucede con el actual gabinete del presidente Duque.
Lo anterior no descarta que eventualmente surjan contradicciones entre estas dos ramas del poder público: la legislativa y la ejecutiva, como consecuencia de la lucha competitiva que se libra en las alturas del poder en la defensa de determinados intereses económicos y políticos que conducen a que por ejemplo ciertos proyectos de ley y reformas constitucionales terminen hundiéndose en el Congreso, tal como sucedió con la reforma a la justicia o con la introducción de modificaciones sustanciales a la ley de financiamiento cuya columna vertebral era cobrar el IVA a casi todos los bienes de la canasta familiar.
Otro de los pilares de la crisis del régimen lo constituye la institución de la división de poderes en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, que de acuerdo con la Constitución deben cumplir funciones separadas pero colaborándose armónicamente en su desempeño, dando la impresión de que se trata de tres poderes cuando en realidad es uno solo en cabeza de la clase gobernante que organiza el trabajo de los órganos del poder, logrando que el legislativo apruebe las leyes en donde se fija la política que maneja el ejecutivo y a las cuales debe subordinarse el juez o magistrado que administran justicia. Esto no obsta para que en determinadas circunstancias se rompa la armonía entre los distintos órganos del poder, particularmente cuando sus representantes toman partido en defensa de unos u otros intereses económicos o políticos de clase, grupo social o personales, casi siempre ligados con los negocios derivados de la contratación oficial con los cuales aparecen comprometidos determinados funcionarios de la administración, jueces, magistrados y congresistas que sirven de intermediarios en los negocios que se realizan desde el Estado.
En la medida en que se agudizan los conflictos sociales con la crisis institucional se comienzan a dictar un conjunto de normas y a imponerse sanciones a los ciudadanos, partidos y organizaciones sociales restringiendo sus derechos y libertades, al estilo de lo que sucedió con las altas cortes en el caso de la validez de las consultas populares mediante las cuales los ciudadanos se han venido oponiendo a la explotación minera y de petróleo que afectan las fuentes hídricas que nutren los acueductos de las regiones y municipios, decisiones estas con las cuales se rebasan los límites definidos en las leyes aprobadas por el congreso de la república.
Mientras tanto a los ciudadanos que participan en la escogencia de sus representantes y de los gobernantes son tratados como “masa electoral disponible” por los partidos que los manipulan en medio del ofrecimiento de promesas contenidas en los programas políticos, que en su gran mayoría son incumplidas, en tanto que aquellas de carácter democrático son eliminadas del orden jurídico especialmente las que son utilizadas por los ciudadanos del común para defenderse del poder económico y político de la clase dominante.
No hay que olvidar que en el contexto de toda la sociedad son las fuerzas políticas y sociales de estirpe democrático las llamadas a liderar los cambios y asegurar la construcción de una nueva y mas amplia democracia, en torno a la posibilidad real que pueden tener los ciudadanos de participar activamente en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social