Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La paz considerada como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento no podrá existir como tal en la vida real sí no cuenta con las garantías políticas y jurídicas, ligadas al ejercicio del poder soberano del pueblo, al tiempo que desde el Estado se deben asegurar los derechos a la vida, la convivencia social, el acceso a la justicia, la igualdad material, la libertad y el conocimiento de que trata el preámbulo de la Constitución.
En este sentido no basta con lanzar consignas sobre la paz sí no se ejecutan rigurosamente las tareas convenidas con el pueblo para desarrollar la lucha por su cumplimiento en este caso de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del presidente Santos y la insurgencia de las FARC-EP convertida en un nuevo partido político dispuesto a participar en la próxima contienda electoral.
En medio de la construcción del proceso de paz es preciso denunciar y combatir a los partidarios y voceros de la violencia y de la guerra y de aquellos que simplemente pretenden convertir la paz en un gran negocio, en tanto que para el pueblo la paz tiene que ver con una oportunidad para realizar las reformas que requiere el país en materia económica, política y social, las cuales deberán ser debatidas y aprobadas a través de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa con participación de las fuerzas políticas, sociales y regionales que aboguen por un cambio social que permita verdaderas transformaciones democráticas.
Desde luego que la verdadera paz no surgirá de las políticas reformistas de corte neoliberal que en el fondo tienden a reforzar el régimen existente apuntalado por el gran capital financiero nacional e internacional, interesado en conseguir el apaciguamiento y alejamiento de los ciudadanos de la lucha social que libran campesinos, indígenas, afrocolombianos, pequeños y medianos propietarios de tierras y diversos sectores populares y medios de la población que desean fervientemente la paz y aspiran a que esta tenga un carácter estable y duradero. Y les permitan a los colombianos no solo vivir en paz sino participar en la construcción de una sociedad mas justa y equitativa, en condiciones de libertad, igualdad y solidaridad en torno a la creación y distribución de la riqueza social y en la vida democrática del país.
Una garantía real para la paz conlleva la necesidad de que las víctimas del conflicto sean reconocidas y reparadas y que comience a operar la comisión de la verdad y la justicia especial para la paz (JEP), además de poner en marcha las instituciones creadas para adelantar la reforma rural integral, conjuntamente con la construcción de una economía productiva que contribuya eficazmente a asegurar la sostenibilidad alimentaria y a competir en los mercados con productos, bienes y servicios derivados de la agroindustria.
Dicha posibilidad se podrá convertir en realidad siempre y cuando se logre modificar la tenencia de la tierra que le ponga fin a la concentración de la propiedad en pocas manos y al uso indebido e inadecuado de la misma que frena el crecimiento y desarrollo rural, al tiempo que se deberá derrotar el poder político de los grandes terratenientes y ganaderos que se oponen a cualquier cambio social.
Por supuesto que el proceso de paz que se intenta construir en el país no puede limitarse al tratamiento de los problemas del campo independientemente de lo que acontece en las ciudades, en donde vive la mayoría de la población en condiciones de pobreza y de desigualdad social que demanda de soluciones a sus problemas e igualmente a lograr que el Estado les garantice el derecho a la paz con justicia social, particularmente respecto de aquellas clases y grupos sociales que viven fundamentalmente de su trabajo y desean mejorar sus condiciones de vida en general.
Finalmente debemos decir que las garantías para la paz van de la mano de las garantías del derecho a participar en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad, sin los cuales será imposible avanzar en la construcción de un nuevo país, utilizando para ello los medios legales y pacíficos que ofrece la Constitución en el marco del Estado Social de Derecho.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social