Redacción.
Acaba de radicar el Gobierno Nacional a través de la Agencia Jurídica del Estado y el Ministerio del Interior, la demanda para anular el fallo de la Corte Constitucional que limitó el fast track. Fue radicada ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, recurso que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Farc. El argumento busca demostrar que se vulneró el debido proceso en el estudio de la demanda presentada en contra de los alcances de la mencionada figura, que tiene que ver con la separación de los poderes públicos. La demanda termina haciendo fuertes cuestionamientos al papel del nuevo Magistrado Carlos Bernal, que participó y se le cuestiona por no haberse declarado impedido. Pero lo de fondo, es tumbar la autonomía del Congreso de la Republica, para debatir y aprobar las leyes de implementación del proceso de paz.
La Corte Constitucional le había dado un duro golpe a la tramitación legislativa de los acuerdos con las Farc al tumbar las dos partes del acto legislativo
La Corte Constitucional le había dado un duro golpe a la tramitación legislativa de los acuerdos con las Farc al tumbar las dos partes del acto legislativo, numeral h del artículo 1º . que decía: “los proyectos de ley y de actos legislativos sólo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo con el gobierno nacional”. Este era uno de los puntos que más cuestionaba la oposición y constitucionalistas en Colombia, porque impedía que se le hiciera modificación a los proyectos de gobiernos y objetar el contenido. Entonces lo que se demanda es precisamente la posibilidad de que los Congresistas hagan proposiciones y también los Partidos Políticos.
La Corte también había tumbado el numeral j que dice: “en la Comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el gobierno nacional, en una sola votación”. Es decir que las votaciones tenían que hacerse en bloque y ahora las votaciones podrán hacerse nominalmente, que lo que demanda el gobierno.
Ante todo, por la consideración de la Sala Plena de la Corte Constitucional, estas normas contenidas en el acto legislativo de La Paz, violaban el principio de separación de poderes públicos, en la medida en que las limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso contenidas en tales numerales resultaban incompatibles con dicho principio.
Probablemente el gobierno trata de desconocer un fallo del cual ya se están empezando a ver las consecuencias, se profundiza la división nacional y política, en la medida en que, con los nuevos magistrados gracias a la elección de la Corte Constitucional, el gobierno ha recuperado las mayorías y en el evento de en que este fallo sea anulado, la democracia colombiana será puesta en duda nacional e internacionalmente.
Por ahora seguimos jugando con la democracia
Realmente se está afectando un fallo de la Corte, que generó tranquilidad en dirigentes independientes y en la oposición de Colombia, porque ante todo se respeta la separación de poderes.
En consecuencia, con estas demandas se radicalizan nuevamente las posiciones en Colombia, que nosotros insistimos desde esta columna de opinión, que solamente una Asamblea Nacional Constituyente puede darle la seguridad jurídica a los acuerdos de paz con las Farc y unir a los colombianos, a sus dirigentes y a sus partidos políticos. Por ahora seguimos jugando con la democracia.