Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Todos los candidatos que aspiran a ocupar el solio de Bolívar están de acuerdo en presentar durante su eventual gobierno una reforma tributaria y otra pensional como una de las estrategias para resolver supuestamente la situación de crisis que se vive por cuenta de estos dos asuntos que demanda el país.
El común denominador de la propuesta de Reforma Tributaria se reduce a rebajar los tributos a las empresas y a ampliar la base tributaria, para lo cual cada uno de los candidatos tiene diferentes estrategias para tal efecto. Todos los candidatos presidenciales tanto del Centro Democrático como de Cambio Radical y de las coaliciones de Humberto De La Calle con Clara López y la de Sergio Fajardo con Jorge Robledo y Claudia López, están dispuestos a realizar las reformas que consideren necesarias, no obstante sus diferencias en el procedimiento a seguir, con excepción de la propuesta de Petro quien ha anunciado públicamente que gravará las rentas improductivas especialmente relacionadas con el latifundio, al igual que las remesas de utilidades y los dividendos que obtienen las empresas.
Del análisis sobre el contenido de las propuestas de los candidatos queda en claro de un lado, el propósito de la mayoría de estos de beneficiar al gran capital con la reducción de los impuestos y del otro lado, de cargarle la mano a quienes en lo esencial viven de su trabajo con la ampliación de la base tributaria. Los argumentos para justificar dichas medidas guardan relación con todas aquellas letanías que se predican cada vez que urge la necesidad de tramitar una nueva reforma tributaria de las tantas que ha aprobado el congreso a pupitrazo.
Y de ahí que sus ponentes afirmen que de aprobarse la misma, con la reducción de los impuestos se conseguirá la creación de nuevos empleos, que con la ampliación de la base tributaria los contribuyentes pagarán menos impuestos, que con el reforzamiento de la DIAN se podrá ejercer un mayor control sobre el gasto público y la evasión, etc.
El principio aquel de que la tributación debe ser justa y equitativa y tener un carácter progresivo no deja de ser más que una fábula en un régimen en donde se privilegia al gran capital financiero y se traslada la mayor parte de la carga tributaria a las clases medias y populares, a los pequeños y medianos propietarios de negocios y viviendas, en tanto que la tendencia es a aumentar las tarifas, tasas, contribuciones y toda clase de gravámenes empezando por el IVA que se extiende sistemáticamente al consumo de los bienes de la canasta familiar.
En cuanto a la reforma pensional el candidato Vargas Lleras propone introducir ajustes automáticos a la edad de pensionarse en función de los cambios demográficos, al tiempo que Humberto De La Calle no descarta la posibilidad de incrementar el monto de los aportes; mientras que el candidato Fajardo propone focalizar los subsidios para los mas vulnerables, en tanto que el candidato Iván Duque considera la posibilidad de no subir la edad de pensionarse siempre y cuando que los pensionados que sigan trabajando continúen cotizando a pensiones.
Dichas propuestas se complementan con otros aspectos atinentes a la eliminación de la competencia entre los dos sistemas pensionales, el contributivo o de prima media y el de ahorro individual, lo cual podría conducir a la fusión en un solo sistema en donde predomine la práctica del ahorro individual, que hará mas difícil pensionarse para aquellos trabajadores que se encuentran en la informalidad y cuyos ahorros no les alcanzará para pensionarse, así tengan la edad, al cabo de la cual podrán recibir un subsidio (Beps) cuyo monto estará por debajo del salario mínimo.
Si bien es cierto el país requiere de una reforma pensional ésta debe coexistir con la necesidad de desarrollar la producción en todas y cada una de las áreas de la economía, encaminada a combatir la informalidad en el trabajo, al igual que habrá que desmontar las altas pensiones de los servidores públicos pertenecientes a todas las ramas del poder público y a fortalecer los fondos pensionales que deberán nutrirse con los recursos provenientes de las ganancias del gran capital financiero y de los presupuestos de la nación y de los entes territoriales.
La discusión y debate de estas propuestas solo será posible a través de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa en donde estén representadas las fuerzas políticas, sociales y regionales, interesadas en avanzar por los caminos de la paz, la justicia y el bienestar general.
ADENDA: El ejercicio de los derechos políticos a participar en los comicios electorales implica que el Estado no solo debe proteger a los candidatos de las expresiones de violencia de sus opositores, sino de rodearlos de todas las garantías constitucionales como ejemplo del pluralismo ideológico y político puesto en tela de juicio con los hechos de violencia ocurridos en medio del debate electoral.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social