Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El incumplimiento con la construcción de obras públicas para Cali, se convirtió en una constante de los últimos alcaldes que no obstante invertir ingentes recursos del presupuesto municipal para cubrir sus costos y sobre costos tienden a prolongarse en el tiempo sin que existan mayores controles sobre el destino de las mismas, particularmente en el caso de aquellas obras de infraestructura iniciadas hace varios años y que aún no terminan de ejecutarse como sucede por ejemplo, con el Plan de las 21 megaobras o con las del Plan Jarillón del Río Cauca o, de las riberas del río Cali o, del sur de la ciudad que permanentemente se aplazan indefinidamente.
A lo anterior se suman la proliferación de contratos que las diferentes secretarías del despacho del alcalde Ospina suscriben constantemente como sucede con el DAGMA que poco contribuye con el mejoramiento del medio ambiente en sus variadas expresiones como ruido, visual, CO2, entorno natural, o de la secretaría de Seguridad llamada a garantizar la vida e integridad de los ciudadanos y de sus bienes.
Entretanto las palabras del alcalde Ospina van y vienen y quedan flotando en el ambiente al igual que las promesas contenidas en los discursos grandilocuentes que pronuncia constantemente, mientras los caleños se quedan esperando que se ejecuten las obras prioritarias relacionadas por ejemplo, con el arreglo de la red semafórica de la ciudad, la recuperación de las estaciones del MIO vandalizadas por individuos desclasados que se infiltraron durante la protesta social, la recuperación de la malla vial y de los andenes, entre otras prioridades.
Hasta hace un mes se había ejecutado el 71% del presupuesto municipal correspondiente a la vigencia fiscal del 2021 aforado en 3.4 billones de pesos, quedando pendiente por ejecutar una parte significativa del mismo con el cual seguramente se atenderá la contratación oficial ligada con los compromisos electorales de la actual administración, lo que hace que la ejecución del presupuesto durante este último año muy poco haya servido para atender las necesidades e intereses generales de los caleños sumidos en la pobreza y en la falta de oportunidades de trabajo.
Mientras se gastan los recursos del presupuesto municipal en obras y actividades que en lo esencial no consultan las necesidades e intereses de la comunidad caleña, gran parte de los mismos se utilizan en la contratación oficial de una serie de proyectos y de programas que no terminan de ejecutarse en los tiempos convenidos y en muchos casos con sobrecostos.
Los “proyectos a la ligera” son la constante en la administración central, que plasmados en contratos con licitación algunos, y otros a dedo como los convenios interadministrativos despilfarran los recursos públicos en asuntos que no solucionan los graves problemas en materia de movilidad, transporte, seguridad, cultura, la parte hídrica, paisajística, ambiental en todas sus expresiones etc.
El concejo local ha sido complaciente con esa forma “legal” de despilfarro de lo público, pues cada año en la discusión del presupuesto para el siguiente período fiscal, solo miran la ejecución que cada secretaría o despacho ha realizado en términos porcentuales y no, sí la ejecución del proyecto, obra o contrato contribuye a solucionar en forma real las necesidades de la ciudad y las de sus habitantes en los asuntos antes mencionados.
Así las cosas, los caleños se quedaron esperando una mejoría en las condiciones de movilidad, seguridad, transporte y empleo, sin obtener respuesta a dicha problemática.
Faltando por ejecutar aproximadamente $981.650 millones de pesos del presupuesto de la presente vigencia fiscal, se teme que dichos recursos se utilicen para satisfacer necesidades que a juicio del alcalde constituyen gastos e inversiones prioritarias pero que se conoce de antemano que serán empleados para costear el pago de la burocracia y de la nómina paralela además de la abultada deuda pública autorizada por el concejo municipal, que fundamentalmente se cubre con los impuestos, tasas y contribuciones que pagan los contribuyentes en medio del despilfarro con la construcción de una serie de proyectos y programas que no consultan las verdaderas necesidades e intereses de los caleños.
Y de ahí la necesidad de exigir cuentas y el cumplimiento de las promesas de un alcalde que se olvidó de cumplir con la obligación constitucional de defender el interés general y procurar el bienestar y prosperidad de todas y todos los ciudadanos que hacen parte de la comunidad caleña.
ADENDA: Qué los juegos juniors Panamericanos conciten y se conviertan en un gran compromiso de amistad, solidaridad y de sana competencia entre la juventud que representa las diferentes delegaciones y de los pueblos de las Américas para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Felicitaciones a sus organizadores!!
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social