Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Mientras que los gastos del Estado crecen incesantemente año tras año, sus ingresos continúan siendo insuficientes para atender las necesidades y compromisos del gobierno, generándose con ello un gran déficit presupuestal que se ha convertido en una constante a pesar de la prescripción jurídica establecida en la Constitución con base en la cual se traza un límite al desfase que puede ocurrir entre los ingresos y los gastos del presupuesto nacional, regidos por la denominada regla fiscal.
el IVA que creció de 30.6 billones en el 2014 a 37.5 billones en el 2017 y se espera que supere los 40 billones para el 2018.
El hecho real es que de tiempo atrás el presupuesto de la Nación siempre ha tenido un carácter deficitario, además de que sus ingresos aparecen inflados no obstante el aumento sistemático del recaudo de los impuestos que se cobran a los contribuyentes, tal como sucede por ejemplo con el IVA que creció de 30.6 billones en el 2014 a 37.5 billones en el 2017 y se espera que supere los 40 billones para el 2018. Así mismo por concepto del impuesto de renta que pasó de 43.4 billones en el 2016 aumentando a 56.6 billones en el 2017 y pudiendo elevarse a la suma de 80 billones de pesos para el 2018
está claro que el monto final de los impuestos se cargará básicamente a los contribuyentes pertenecientes a los sectores populares y medios de la población, que por cierto continuarán pagando el 19% del IVA
Como si esto fuera poco con la nueva ley de financiamiento aprobada en las comisiones económicas del Congreso en primera instancia después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Duque está claro que el monto final de los impuestos se cargará básicamente a los contribuyentes pertenecientes a los sectores populares y medios de la población, que por cierto continuarán pagando el 19% del IVA, siendo éste un gravamen que se cobra en igual proporción a pobres y ricos que adquieren bienes y servicios en el mercado, incluyendo algunos que integran la canasta familiar, vulnerándose de esta forma los principios constitucionales de equidad, progresividad y justicia tributaria.
En definitiva se trata de cuadrar los gastos que realiza el Estado en materia de crecimiento desproporcionado de la deuda pública interna y externa, del abultado gasto militar y del sostenimiento de la burocracia estatal, equivalentes a un porcentaje que en la realidad sobrepasa la mitad de los ingresos del presupuesto nacional afectándose directamente la inversión social especialmente en salud, educación, saneamiento básico ambiental, agua potable, servicios públicos, etc., en lo que se denomina el “gasto público social” en un país donde existen cerca de 3.5 millones de personas en estado de pobreza extrema o absoluta y que según las cifras del DANE hay 12.8 millones de personas en condición de pobreza monetaria y 8.3 millones en situación de pobreza multidimensional correspondiente al 70% del total de la población colombiana perteneciente a la denominada clase media.
Con la aprobación de la ley de financiamiento el valor del consumo de las gaseosas y de la cerveza lo pagará el consumidor final. Y como era de esperarse el Congreso le dio luz verde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para contratar mil funcionarios que le costaran al fisco nacional cincuenta mil millones de pesos anuales.
No sobra agregar que con la mencionada ley de financiamiento se gravará con un 19% del IVA a los trabajadores independientes que celebren contratos de prestación de servicios por un valor aproximado a 8.5 millones mensuales, además de que serán responsables de pagar el impuesto al consumo (impoconsumo) quienes facturen ingresos de al menos 85.6 millones anuales, cifra esta que hoy está en 119.9 millones, quedando en tanto gravados todos aquellos pequeños y medianos comerciantes obligados a presentar declaración de renta y pagar el tributo.
Aunque dicha ley tendrá que ser aprobada en definitiva en las plenarias de Senado y Cámara, todo indica que existe un consenso al respecto que confirma una vez mas la tendencia de las clases dirigentes representadas en esta ocasión por el presidente Duque, de extender la base gravable de aquellos ciudadanos que viven de su trabajo y deben pagar altos impuestos por sus pequeños y medianos capitales, lo cual contrasta con la decisión de reducirles los impuestos al gran capital nacional y al extranjero, que continuarán gozando de infinidad de exenciones, deducciones y privilegios que se les concede con el manido argumento de ser los verdaderos impulsores del crecimiento y desarrollo económico y del pleno empleo, con los cuales se crean grandes expectativas frente a una realidad en donde crecen el desempleo y la informalidad y la sociedad continua siendo la mas desigual en toda la región.
el propósito del presidente Duque de lograr que Colombia sea un país mas equitativo y justo pierde su verdadero sentido
De esta manera el propósito del presidente Duque de lograr que Colombia sea un país mas equitativo y justo pierde su verdadero sentido con la aprobación y posterior aplicación de la ley de “Financiamiento” que tan solo beneficia al gran capital, respecto de sus proyectos de crecimiento y desarrollo económico en procura de obtener grandes ganancias con la explotación económica del trabajo y de los trabajadores que de ahora en adelante tendrán que pagar mas impuestos, tasas y contribuciones por la adquisición de sus productos, bienes y servicios esenciales para su existencia social
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El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social