Redacción
El gobierno Nacional y el Congreso la República han intervenido a través de la aprobación del proyecto de ley 212 de 2016 en las cámaras legislativas, en todo el proceso de obtener recursos a través de las fotomultas, cambiando el modelo de que sea un criterio técnico y no lucrativos, donde los alcaldes de las ciudades que desean instalar este tipo de elementos deberán solicitar autorización al Ministerio de Transporte, quien quedó con la facultad de regular las condiciones para la implementación de los dispositivos de fotomultas en todo el país.
Aprobado en la Cámara en 4to debate, esta iniciativa le da más importancia a la prevencion en sitios que estadísticamente registra un alto índice de accidentalidad, los que además deberá contar con suficiente señalización para los usuarios de las vias. Por ello el Ministerio del Transporte ha venido informando que el concepto será de seguridad vial, que van a continuar, pero con criterio técnico y no el concepto lucrativo como se venía presentando por ejemplo en la ciudad de Cali.
Estas fotomultas deben estar muy bien señalizadas a 500 metros, con el fin bajo de que los conductores sepan que van a llegar a una zona de alto riesgo y allí abra las fotomultas. En otras palabras se acabó el negocio para captar infracciones al tránsito y en este caso se busca es prevenir problemas en la operación misma de los usuarios del transporte en las vías públicas de las ciudades colombianas.
Para que haya una claridad también las fotomultas aprobadas por el Congreso en esta intervención no tendrán efecto retroactivo es decir que no incide para nada en los comparendos ya realizados, pero a partir de la puesta en vigencia de esta ley las nuevas fotomultas deberán ajustarse a los parámetros legales. Hay que recordar que la mayoría de los ciudadanos consideraron estas fotomultas como tramposas, por aquello de estar en cámaras escondidas o incorrectamente señalizadas, dejándole una alta rentabilidad en favor de los operadores privados y no del municipio de Cali, en este caso, las concesiones que ya están instaladas en Cali y en las otras ciudades del país, en las vías públicas, tendrán un plazo para adecuar los sitios donde están ubicadas y a los criterios técnicos definidas las mismas o de lo contrario serán desinstaladas.
De esta manera se acabó el negocio de muchos que mediante honorarios muy altos de retribución a los concesionarios, habían dejado esto como un negocio lucrativo para pocos.
De todo fue muy ………… el hecho de que la distribución del recaudo en algunos casos fue superior al 50% hasta un 60% para el operador de las cámaras y tan sólo el 30% o 40% para el municipio, pero lo más grave es si en los contratos se estipularon que si el operador no logra llegar al mínimo del recaudo al municipio le corresponda completar la cuota con sus propios dineros, es decir pudo llegar al 80% y al 90% de lo que se recauda en favor del operador de las cámaras de la ciudad de Cali.
En Cali hay más de 40 intersecciones con cámaras de fotomultas y hay más de 4 cámaras móviles que detectan el mal parqueo y fundamentalmente se detectan 5 infracciones: semáforo en rojo, velocidad ciudad, pico y placa, revisión técnico mecánica y Soat.
Esta foto detecciones de la Secretaría de movilidad, anterior Tránsito Municipal son las que acaban de ser intervenidas en la ciudad y dejan de ser un negocio y seguramente desaparecerán porque no darán la rentabilidad esperada, porque el criterio ha desaparecido.
Las fotomultas en la ciudad de Cali fueron creadas por el entonces Secretario Alberto Hadad y sirvieron para que con el dinero del pago de las fracciones se duplico el numero de agentes de tránsito de la ciudad, con estas cifras tan altas donde el 56% de las mismas fue para los ingresos en la ciudad de Cali, como medidas para el control del tránsito pero también para hacer dineros e invertir en seguridad vial.
En Cali la red de distribución de los recursos en el contrato que hizo en el entonces Secretario de Transito Alberto Hadad fue del 56% para la administración y para seguridad vial, el 10% para la Federación Nacional de Municipios y el 33% al operador.
Con el tiempo se le dé la razón a la dirección de policía de tránsito y transporte, en el sentido de que las cámaras de fotomultas sirvieron más a intereses de recaudó, que de prevención y de control de la movilidad.