Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Precedido de una ostentosa campaña publicitaria agenciada desde la alcaldía, fue presentado el tan anunciado proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta un nuevo modelo político-administrativo y territorial para Cali que se convierte en un Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, el cual contará con la organización e infraestructura para garantizar su funcionamiento en el marco del territorio municipal.
No obstante lo anterior son muchos los temores, las dudas y expectativas provenientes de ediles, líderes barriales y concejales en torno al proyecto de acuerdo y a su implementación, que parten de la base de dividir el territorio municipal en seis localidades, con las cuales se sustituirían las 22 comunas, los 15 corregimientos con sus 85 veredas, que finalmente desaparecerán como entidades territoriales al ser anexadas a las localidades, mientras tanto la ley que creó el Distrito Especial para Cali no autorizó al Concejo Municipal para dividir la zona rural en localidades o anexarla a las que se crearán en la parte urbana del Distrito Especial, y con lo cual se estaría desconociendo en la práctica sus características económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales y geográficas, no obstante formar parte del 70% del territorio municipal, circunstancia esta que haría mucho mas compleja y difícil la labor administrativa y el ejercicio de las competencias dentro del territorio municipal.
Con la desconcentración de algunas de las funciones administrativas que desempeñarían los alcaldes locales basadas en la vieja y prosaica división del trabajo, no se conseguirá cumplir con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política en materia de defensa del interés general y un mejor desempeño de la función administrativa, fuera de que dichos funcionarios no contarán con las herramientas suficientes para dirigir, administrar y ejercer un control y vigilancia efectivas de un territorio con una población económica y socialmente muy desigual resultante de mezclar arbitrariamente el área urbana y rural respectivamente.
Desde luego que detrás de este ensamblaje artificial se crea la posibilidad real de repartirse el poder entre los diferentes sectores y grupos políticos que integran las clases dirigentes de la ciudad, que harían de las localidades verdaderos nichos electorales y burocráticos al servicio de determinados intereses económicos y políticos, ligados con los grandes negocios de la tierra, la construcción, la urbanización, la economía extractiva y la explotación de servicios turísticos, deportivos, culturales y tecnológicos, en los cuales están empeñados los actuales gobernantes en connivencia con algunos candidatos a ocupar la alcaldía de la nueva ciudad Distrito Especial.
De otro lado resulta por demás preocupante el hecho de que con la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial POT que tendrá que hacerse, se modifique sustancialmente el uso del suelo especialmente en el área rural estimulando con ello un nuevo proceso de urbanización del campo con grave perjuicio para el ecosistema y sus habitantes, no obstante que las localidades no pueden extenderse mas allá de la zona urbana, ya que los corregimientos deben conservarse en su integridad, lo que implica dotarla de los servicios indispensables para garantizar el bienestar general de las comunidades y lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales para efecto de promocionar por ejemplo políticas públicas de sostenibilidad alimentaria para beneficio de los caleños.
No sobra agregar en relación con este aspecto que tanto la norma marco de los Distritos Especiales contenida en la ley 1617 de 2013 y la que creó el Distrito Especial para Cali, no hacen ninguna referencia respecto de la situación de los corregimientos, que por lo demás han sido considerados dentro del orden Constitucional como entidades territoriales propias, que no obstante hacer parte del territorio Municipal no pueden dejar de existir como tales como producto de la anexión o incorporación a una u otra localidad sin que con ello se desconozca la norma Constitucional.
Por otra parte se ha dicho oficialmente que el proceso de construcción de la infraestructura y de otros elementos de carácter tecnológico y de comunicación indispensables para el funcionamiento de las seis localidades, tendrán un costo aproximado a los 25 mil millones de pesos que se invertirían en los ocho años siguientes a la aprobación del acuerdo mencionado, en tanto que la totalidad de las localidades tan solo recibirían el 10% del presupuesto municipal por concepto de transferencias, además de los recursos que podría aportar la nación y del recaudo de las multas y pagos de diferentes servicios en favor de las localidades, cifras estas que no serían suficientes para atender las necesidades de sus habitantes. Y de ahí que el alcalde Armitage haya manifestado que “tenemos que hacer ahorros económicos para que el proyecto no le represente una erogación mayor a la alcaldía”. (Diario El Pais, julio 16 de 2019). Circunstancia esta que seguramente se allanaría aumentando la tarifa y la base gravable del impuesto predial y de Industria y Comercio y/o eventualmente creando nuevos impuestos, tasas y contribuciones según se puede advertir del anuncio presidencial de presentar una reforma tributaria con destino a los entes territoriales. Al tiempo que los proveedores de los servicios turísticos, deportivos, culturales, etc., podrán disfrutar de un conjunto de beneficios tributarios consignados en diferentes leyes.
De todas maneras no hay que olvidar que la actual administración deja endeudado al municipio que hoy no cuenta con los recursos para terminar las obras inconclusas o que fueron decretadas y no se ejecutaron, además de las obligaciones a cargo del municipio por concepto del pago de indemnizaciones, del pasivo pensional, a proveedores y a contratistas, etc. Lo que desde luego dificultara la implementación del acuerdo de división del territorio en localidades que aparentemente contribuiría a organizar la labor administrativa pero que en la realidad tan solo traerá beneficios económicos y políticos a quienes hoy abogan por la denominada economía naranja y extractiva, en una ciudad que como Cali crece la informalidad y se impone el trabajo mal remunerado e inestable y el rebusque que hoy se considera como emprendimiento y creatividad, aumenta con la aparición de nuevos vendedores ambulantes y el deterioro sistemático de varias de las zonas residenciales de la ciudad a partir de los cambios espontáneos del uso del suelo estimulado con la economía de los servicios turísticos, culturales, deportivos, empresariales, etc., que hoy han aparecido y continuaran apareciendo en amplios sectores de la municipalidad.
La idea de acercar el gobierno al ciudadano es concebida por el gerente del proyecto de Cali Distrito Especial, como la posibilidad de que “la gente no se tenga que desplazar al CAM sino que vaya a su alcaldía local y resuelva todas sus situaciones”, la cual “será como pequeños supermercados de servicios para la comunidad” (El País, julio 16-19), refiriéndose a las alcaldías locales.
De esta manera se cree que los problemas que hoy afronta la ciudad relacionados con la falta de trabajo, la movilidad, la mala calidad del transporte público, la inseguridad, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, se pueden resolver con medidas administrativas o dividiendo el territorio en localidades, cuando de lo que se trata es de realizar las transformaciones que demandan la ciudad y sus habitantes que han crecido en medio del déficit de vivienda y la deficiente prestación de los servicios de educación, salud, respecto de los cuales la ciudad se quedó retrasada y su clase dirigente no cuenta con la capacidad suficiente para afrontar los retos de la nueva dinámica social que vive el mundo contemporáneo que reclama de la existencia de una sociedad mas justa, equitativa e igualitaria, con la cual también sueñan los caleños y vallecaucanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social