María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Indignación y desconcierto son los sentimientos propios para describir lo que yo, al igual que muchos colombianos sentimos al conocer el fallo de la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que privó de la libertad a mi mentor, amigo, fundador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Aunque parezca mentira, ese mismo tribunal que hoy cercena los derechos que le asisten al presidente Uribe como a cualquier otro ciudadano de a pie, fue el que premió al narcoterrorista Jesús Santrich para que se defendiera en libertad, dejando de lado pruebas como la información de los computadores de Raúl Reyes, los videos en los que se le ve pactando millonarios envíos de droga; así como el testimonio de Marlon Marín, quien lo señaló de ser el jefe narco de las Farc. Este que sí es un criminal confeso, que hizo el papel de su vida actuando como negociador en La Habana obtuvo de los magistrados el pasaporte para burlar a las autoridades y convertirse en prófugo de la justicia.
Pero Uribe, el presidente que combatió no solo a Santrich, sino a toda la guerrilla de las Farc hasta el punto de doblegarlas y recuperar la seguridad del país; ese que en su proceder no se le puede demostrar una sola inasistencia a los muchos llamados que le ha hecho la justicia; ese que ha defendido esta Patria con amor y con un compromiso inquebrantable, es quien hoy está cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria. Decisión que no solo lo acongoja como ser humano, sino que lo golpea en los más profundo de su alma al obligarlo a alejarse de la gente, de su trabajo constante y dedicado buscando el bienestar de los colombianos, la inversión productiva para generar empleo y crecimiento de la economía, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, la defensa de la democracia y de sus instituciones. Una decisión que no tiene explicación.
El proceso en contra de Uribe tuvo y muy probablemente seguirá teniendo todo tipo de inconsistencias e injusticias. Por ejemplo, siendo él mismo quien acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar las actuaciones ilegales de Iván Cepeda, visitando cárceles y pagando para manipular a testigos que enlodaran su nombre y el de su hermano, sucedió lo impensable: el victimario pasó a ser la víctima, por lo que el alto tribunal se abstuvo de investigar a Cepeda pero si iniciar un proceso en contra del expresidente Uribe. Y ni qué decir de las más de 21.000 interceptaciones ilegales hechas al celular personal del presidente Uribe, realizadas supuestamente por “error”, pero que muchas fueron usadas para alimentar el expediente en su contra. Una bajeza de nuestro sistema judicial.
A eso tenemos que sumar que lo llamaron directamente a indagatoria sin permitirle oírlo en versión libre. Adicionalmente se volvieron comunes las filtraciones del proceso; información de suma importancia que era conocida primero por la prensa que por el mismo investigado. Esas filtraciones fueron usadas por detractores, quienes publicaban grabaciones y apartes de los folios con el fin de armar tormentas mediáticas y mancillar el nombre de Uribe. Actuaciones por fuera de todas las garantías mínimas que un ciudadano debe tener para el debido proceso y la presunción de inocencia, en un Estado de derecho. Y muy a pesar de las denuncias de los hechos por los abogados del presidente Uribe, los magistrados no le pusieron freno.
Nadie dice que investigar a Álvaro Uribe esté prohibido o esté mal, si lo fuera él nunca habría respondido y acudido respetuosamente a cada uno de los llamados que le ha elevado la justicia. Lo que se exige es que se le respete su derecho a una legítima defensa, con todas las garantías procesales. Que la justicia actúe por supuesto es su responsabilidad, pero siempre garantizando el respeto por los derechos del investigado o procesado. Uribe no ha autorizado ni pagado para que se manipulen testigos. Su respeto por la ley siempre ha sido constante en su vida pública. Sabemos que extraditó a más de 1.200 personas durante su gobierno, algunos de ellos capos del narcotráfico, del paramilitarismo y de la guerrilla que han expresado su deseo de venganza. Así que no es de extrañar la alianza entre esos extraditados y sus antiguos enemigos, y luego aliados de las FARC, ELN y algunos dirigentes de izquierda.
Hoy admito que los enemigos de Uribe asestaron un duro golpe contra nuestro Partido. Saben de lo difícil que ha sido ganarle en las urnas a un hombre que hace política decente todos los días. Así que se enfocaron en derrotarlo moral y jurídicamente. En ambos han avanzado, pero no vencido. La inocencia de Uribe brillará, porque ningún otro colombiano ha sido tan investigado como él, sin que se encuentre algún acto o decisión al margen de la ley. El Centro Democrático es un partido con firmes principios, organizado, con una bancada cohesionada, resiliente y con unas bases sólidas que permitirán a la colectividad salir avante de este difícil momento. En esa línea, Colombia tiene que saber que aquí estamos y que, aunque golpeados por la situación de nuestro líder, seguimos con más firmeza trabajando en una intensa agenda económica, social y política en pro del bienestar del país.
A Álvaro Uribe, nuestro líder, hombre de familia, creyente y con profundos valores éticos y democráticos todo mi respeto, admiración y apoyo incondicional. Elevo mis oraciones a María Auxiliadora, a quien él se encomienda a diario, para que lo fortalezca y acompañe en este momento de dificultad, del cual estoy completamente segura, saldrá avante y más fortalecido. Pedimos: Uribe en libertad.