Jean Nicolás Mejía H
Profesional Ciencias políticas – Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 28 años, Máster en cooperación internacional y organizaciones internacionales de la Universitat de Barcelona
Parece increíble que en el siglo del “multilateralismo global”, de la defensa por la democracia y de la reafirmación de la autodeterminación de los pueblos (principio además imperativo del derecho internacional público), esté cotidianizado y normalizado que las herencias coloniales se mantengan como una unidad política.
Este es el caso de la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones), una organización voluntaria y no vinculante de las ex colonias británicas (territorios que en algún momento fueron territorio británico -producto de la colonización-), así como de otros países que no tienen un lazo colonial directo con Reino Unido, pero que producto de una injerencia histórica, también hacen parte.
Bajo el liderazgo de Isabel II, en 2012 se estableció un estatuto para la organización, que buscaba un compromiso en común entre todos los miembros, de velar por la democracia, la equidad, el desarrollo sostenible y la garantía de paz y seguridad. El principal objetivo de este estatuto era fomentar una alianza política, la cooperación comercial y los acuerdos económicos que beneficiarían a todas las partes, lo que ha resultado en provechosas ventajas; como la posibilidad de establecer acuerdos comerciales entre los miembros con excepciones arancelarias cercanas al 20%, en comparación a cualquier otro actor internacional.
Para Kapil Komireddi, escritor y periodista, “La principal utilidad de esta organización es que pone en un lugar de igualdad a potencias económicas y países en desarrollo, que facilita el intercambio comercial o cultural”, lo que ha resultado en que el 9% del comercio exterior del Reino Unido sea producto de los intercambios con los miembros de la organización.
Sin embargo, a pesar de que sus 56 miembros son territorios “descolonizados”, la jefatura de estado de 14 de estos miembros sigue reposando en la corona británica, y con el reciente descenso de la Reina Isabel II, el nuevo Rey Carlos III asume automáticamente este cargo, lo que evidencia una relativa subordinación política de las estructuras gubernamentales de estos países; un modelo de descentralización parecido al modelo colonizador.
Precisamente, esa relativa subordinación política puede ser interpretada como pleitesía diplomática, pero también como una dependencia estatal y pérdida de cierta autonomía a la hora de tomar decisiones, pues hay una figura implícita y simbólica por encima del estado, la carta magna o las instituciones mismas; la corona.
Por ello, no es de extrañar que en un momento histórico como el actual, el deceso de la reina y el “cambio” en el trono suponga la oportunidad de reevaluar la legitimidad de organizaciones como la Commonwealth (que a pesar de no ser una organización jurídicamente vinculante, si reproduce patrones de dependencia) y de volver a reconsiderar aquellos patrones de dependencia, como cederle la jefatura de estado no a un líder político sino a una élite oligárquica tradicional.
Este es el caso de Antigua y Barbuda. El primer ministro, Gaston Browne ha anunciado que el país caribeño se plantea un referéndum para decidir si se convierte en una república presidencialista, lo que le quitaría el título de jefe de estado al Rey Carlos III.
Pero no es la primera vez que este debate se plantea sobre la mesa. Australia ya había considerado iniciar un proceso de “independencia” de la corona británica anteriormente (actualmente existe un consenso local en la isla de no cuestionarse un referendo parecido al de Antigua y Barbuda al menos en 4 años), y a pesar de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha manifestado el apoyo y el duelo al pueblo británico, su talante republicano podría servir de mecha para reavivar este debate, lo que puede ocasionar una reacción en cadena -si es que no lo ha hecho ya-.
Lo cierto es que el hecho de que un país de la Mancomunidad ya se cuestione a nivel político activar los mecanismos propios de la democracia para buscar esa relativa independencia de las lógicas coloniales y monárquicas, ya marca un hito histórico en la construcción de un mundo “democrático”, lo que podría significar el inicio del fin de la monarquía británica.
Tras la muerte de Isabel II , adicionalmente Bahamas, Belice, Jamaica,San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía son los países que en los últimos meses han abogado por cambiar su estatus político. Y exigen indemnización por los años de esclavitud , como excolonias que tras su independencia mantuvieron como jefe de Estado a la monarca inglesa y que en los últimos meses han abogado por cambiar su estatus político.